Los supuestos beneficios y favores recibidos en 2013 por la mayoría de congresistas, mediante la figura de los cupos indicativos, para favorecer la reelección del presidente Juan Manuel Santos, podría complicarle los planes a más de uno que está en plena campaña para buscar su reelección.

La Corte Suprema de Justicia decidió abrir una indagación preliminar en contra de 230 senadores y representantes que en ese entonces fueron denunciados de hacer parte del ‘carrusel reeleccionista’, con el fin de verificar la veracidad de los señalamientos hechos por la ONG Corporación Foro Ciudadano.

Los demandantes, Ricardo Cifuentes y Eduardo Carmelo, alegan la existencia de una presunta “compra de votos” por parte del Gobierno para la aprobación de los proyectos de ley relacionados con la paz y la reelección de Santos.

“(...) a cambio de votos se entregaban cupos indicativos, cargos públicos a familiares y a amigos de los congresistas o contratos, así como la adjudicación de contratación estatal prevista en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), dentro del cual se tenía proyectado la realización de unas obras públicas de desarrollo social en todo el territorio nacional en época de campaña electoral 2013-2014”, reza un aparte de la denuncia.

Según la Corte, de comprobarse la responsabilidad de los legisladores en los hechos, estos podrían ser procesados por cohecho, concusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

10 de Norte de Santander

En el grupo de ‘enmermelados’ que en su momento también denunció el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, figuran 10 congresistas y excongresistas de Norte de Santander que, de acuerdo con las denuncias, fueron ampliamente beneficiados con recursos para vías y cargos en diferentes entidades del Estado.

Ellos son: Alejandro Carlos Chacón (representante por el Partido Liberal, quien busca reelegirse), Carlos Hernández Mogollón (exrepresentante por el Partido de la U), Carlos León Celis (exrepresentante por el Partido Conservador), Juan Fernando Cristo (exsenador del Partido Liberal), Juan Manuel Corzo (senador conservador, candidato a la reelección), Manuel Guillermo Mora (senador del Partido de la U que usca un nuevo periodo en el Congreso).

Así mismo, Ciro Antonio Rodríguez (representante a la Cámara conservador y candidato a la reelección), Juan Carlos García Gómez (representante a la Cámara conservador y candidato al Senado), Jaime Buenahora (representante a la Cámara por los colombianos en el exterior) y Carlos Emiro Barriga (exsenador del Partido Conservador).

La Sala Penal entrará a corroborar la información aportada tanto por la oenegé denunciante como por el senador uribista y por ahora ordenó una serie de pruebas entre las que se cuentan, entrevistas a los denunciantes, verificación de la supuesta entrega de cargos por departamentos y si ya existen investigaciones abiertas por la llamada ‘mermelada reeleccionista’ en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

La Corte también ordenó recibir la declaración de Ernesto Macías, Bruce Mac Master, Mauricio Cárdenas, Camilo Romero, Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Pedro Medellín, Rubén Darío Lizarralde y envió copia de la denuncia a la Comisión de Acusaciones, porque en ella también se menciona al presidente de la República.

Los supuestos beneficios recibidos

A comienzos de 2014, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, presentó una denuncia detallada en contra del presidente Juan Manuel Santos, en la que soportaba la relación de los supuestos favores recibidos por los congresistas, a cambio de su apoyo en la reelección.

Según los documentos, los entonces legisladores de Norte de Santander recibieron un total de $208.683 millones, distribuidos así:

Manuel Guillermo Mora: $47.734 millones. De estos, $20.250 corresponderían a los nombramientos de los directores territoriales de la Dian, el Incoder, Caprecom, el Sena, entre otros cargos. El resto en obras y vías.

Alejandro Carlos Chacón: tres cargos y $37.648 millones en vías y entidades como el Consulado de Colombia en San Cristóbal y la gerencia del programa Familias en Acción.

Juan Manuel Corzo: $25.832 millones, de los cuales $10.832 millones fueron para  vías y $15.000 millones para entidades. Entre los nombramientos que se habrían hecho a su favor aparecen los de su hermana Silvia en la gerencia de Positiva Seguros, el director de la seccional de Aduanas, el representante del presidente en Corponor, entre otras direcciones territoriales.

Juan Fernando Cristo: $20.000 millones a su favor y 8 puestos. Sus principales cargos burocráticos habrían sido otorgados en la dirección de la Unidad de Víctimas y el Inpec.

Carlos León Celis: $12.900 millones de los cuales $8.400 millones correspondían, al parecer, a proyectos para vías. Le figuraron  también cuatro cargos en el Consulado de Colombia en San Cristóbal, la UFPS y la dirección territorial del ICA.

Ciro Rodríguez Pinzón: $11.000 millones a su favor y 14 cargos en diferentes entidades.

Carlos Emiro Barriga: $11.000 millones.

Carlos Hernández Mogollón: $6.000 millones y nombramientos en el Sena, la Esap y el Fondo Nacional del Ahorro.

Juan Carlos García Gómez: $6.000 millones y cargos en Comfaoriente, Invías y el Inpec.

Jaime Buenahora:  $6.000 millones con nombramientos en los consulados de Miami, Nueva York, San Antonio y Roma.