La puesta en marcha del censo en el país, para el caso del nuevo Gramalote podría tener una incidencia distinta a la esperada, según prevén el gobernador William Villamizar y el alcalde, Tarcisio Celis, debido a la dispersión de sus habitantes en distintas localidades del departamento.

Así lo confirman en un documento que fue enviado por ambos mandatarios a la dirección del Dane, en la que explican las preocupaciones durante y luego del censo.

Según se expresa en el texto, el número de personas que habitaba el antiguo casco urbano, según un estudio de 2012, ascendía a 3.316 personas, cifra mayor las 2.870 estimadas en las proyecciones de censo Dane para ese año, las cuales retornarán al casco urbano conforme se entreguen las viviendas.  

Si bien la economía urbana ha empezado a prosperar ofreciendo bienes y servicios a personal de las empresas que construyen el nuevo casco urbano, así como a visitantes que llegan los fines de semana, se prevé que en los próximos años se dé un crecimiento mayor de la oferta comercial y por ende de personas habitando el nuevo casco urbano.

“Con esta proyección de avance de obra y ocupación, se presagia que lo levantado en los tiempos del Censo 2018, al finalizar el año y comienzos de 2019, cambiará radicalmente”, explica el documento, que además señala otros riesgos, como:

- Las personas que vivirán en el nuevo casco urbano podrían ser sumadas a los municipios que los acogieron temporalmente, situación que generaría conflictos posteriores en materia de inversión, servicios y destinación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

- Algunos habitantes urbanos se contarían como habitantes rurales debido a que habitan temporalmente predios rurales o se encuentran en asentamientos que han surgido en los últimos 7 años. 

- Los habitantes que aún viven en inmediaciones del pueblo destruido (sector La Lomita) podrían no ser incluidos en el nuevo casco urbano, tan pronto desalojen la zona de riesgo y se trasladen a sus nuevas viviendas.

Debido a ello, los entes territoriales solicitan que el Censo, en sus dos fases, “registre correctamente nuestra realidad, permitiendo que las decisiones derivadas de este sean asertivas y justas”. 

Así mismo, solicitan al Dane que se diseñen mecanismos y herramientas oportunas “para conjurar las implicaciones, que tendría tomar como base para la toma de decisiones, información que cambiará sustancialmente en un año”.

“En especial, nos preocupa la distribución de recursos del orden nacional, específicamente los del SGP y las acciones y orientaciones del orden institucional sectorial nacional, que tienen como denominador principal el número de habitantes y sus necesidades, variables que certifica el Dane para cada ente territorial”.

Algunos datos

Según datos de la Gobernación, la obra de reconstrucción del nuevo pueblo tiene un avance cercano al 80 por ciento, y se proyecta llegar al cien por ciento, antes de terminar 2018. 

Entre las obras se tiene previsto construir 1.007 viviendas, de las cuales, 620 corresponden a vivienda de interés social, y 387 a vivienda de interés prioritario.

Actualmente, 594 viviendas presentan un avance de obra mayor al 95 por ciento, y se estima que entre los meses de mayo y junio se culmine la edificación de la totalidad de las viviendas.

La población ha retornado paulatinamente, según la entrega de viviendas programadas por el Fondo Adaptación. Hasta el moment, se han entregado 321 viviendas y 186 de ellas están habitadas. También se alojan más de 500 personas, de las cuales, unas 90 son gramaloteras.

El censo electrónico que efectúa el Dane se podrá diligenciar hasta el 8 de marzo de este año.