Los tres jueces de un tribunal de apelación confirmaron el miércoles por unanimidad la condena por corrupción y lavado de dinero al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y aumentaron la sentencia inicial a 12 años de cárcel, alejando sus aspiraciones de volver al poder.

 

Lula, que aún dispone de recursos para evitar la prisión, fue considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex ofrendado por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. La condena inicial era de nueve años y medio de prisión.

 

Los magistrados del Tribunal Regional Federal nº 4 (TRF4) de Porto Alegre (sur) respaldaron ampliamente las conclusiones del juez Sergio Moro, autor de la sentencia de primera instancia.

 

El caso se enmarca en la Operación Lava Jato sobre sobornos pagados por constructoras a políticos de todas las tendencias para obtener contratos en la petrolera estatal.

 

El aumento de la sentencia a 12 años y un mes de prisión se debe al agravante de que Lula, por su posición de máximo mandatario de la República de 2003 a 2010, carga con una "culpabilidad extremamente elevada", en palabras del juez Joao Gebran Neto.

 

"El mejor presidente de Brasil"

   

Los mercados, que temen un retorno de la izquierda al poder, celebraron la derrota judicial de Lula. La Bolsa de Sao Paulo ceró con un alza de 3,72%, a 83,680 puntos, un récord histórico.

 

Porto Alegre amaneció sitiada por las fuerzas de seguridad, ante el temor de enfrentamientos entre los miles de partidarios de Lula presentes en la ciudad y grupos de derecha que piden que el exmandatario vaya a la cárcel.

 

Unas 10.000 personas, en su mayoría jóvenes vistiendo camisetas rojas, acudieron a la marcha convocada por organizaciones de izquierda en el centro de Sao Paulo, a la cual se sumó Lula.

 

"Salimos a la calle porque defendemos a Lula con uñas y dientes y porque lo consideramos como el mejor presidente de Brasil", afirmó uno de los participantes, Albingo Barzi.

 

Para el PT, "una farsa judicial"

   

"Que se preparen porque vamos a volver y vamos a transformar este país", afirmó Lula, de 72 años, mientras seguía el juicio en la sede del Sindicato Metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde en los años 70 dirigió las grandes huelgas contra la dictadura militar (1964-1985).

 

La dirección del PT se reunirá el jueves en la capital económica y financiera del país para proclamar su apoyo a una candidatura de Lula, favorito en todos los sondeos para las elecciones de octubre próximo.

 

Pero el PT está en fase de convalecencia de los duros golpes recibidos estos últimos años: graves acusaciones de corrupción contra muchos de sus principales dirigentes y la destitución en 2016 de Dilma Rousseff, heredera de Lula.

 

"Lula es favorito pero su candidatura es sumamente incierta en este momento. Es una situación dramática para la democracia brasileña", dijo a la AFP el politólogo Fernando Schüler, del Instituto de Investigación y Educación (Insper), de Sao Paulo.

   

Para los jueces, culpablidad agravada

   

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pidió "la nulidad del proceso y la nulidad de la sentencia", aduciendo falta de pruebas.

 

Pero según el juez Gebran Neto, el hecho de que no exista un título de propiedad del apartamento tríplex de Guarujá se debe precisamente a la intención de ocultar que Lula era el verdadero destinatario del inmueble.

 

"El expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, del amplio esquema de corrupción" en Petrobras, que fragilizó "todo el proceso político brasileño", sostuvo el juez del TRF4.

 

La condena por unanimidad reduce los tiempos de los recursos, que son solo aclaratorios, y no de fondo. 

 

Tras la decisión, Lula debería ser declarado "inelegible", aunque también caben recursos que le permitirían ganar tiempo e incluso registrarse como candidato y hacer campaña. 

 

El presidente conservador Michel Temer trató de mostrar una normalidad institucional en una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

 

"Hay un combate arduo, pesado contra la corrupción en el país (...) Pero en Brasil las instituciones están funcionando, tenemos una separación absoluta de poderes", afirmó el mandatario, que es objeto de varias investigaciones por corrupción, trabadas por el momento por gozar de fueros políticos.