Después del fuerte reclamo hecho ayer por los promotores de la Consulta Anticorrupción, el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó tanto la revisión de las firmas recaudadas para tal fin, como los estados contables del proceso, y les dio luz verde para continuar adelante con la convocatoria.

“El Fondo Nacional de Financiación Política manifestó a la corporación que, una vez revisada la última subsanación de observaciones allegada a los estados contables, el informe presentado por parte del comité promotor de la Consulta Popular de Origen Ciudadano “Anticorrupción”, cumple los requisitos establecidos por la Ley 1757 de 2015, para certificar contablemente y continuar con el respectivo trámite ante el registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional”, confirmó ayer en la tarde el CNE, mediante un comunicado.

Horas antes, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano, una de las líderes de la iniciativa, instauró un derecho de petición exigiendo la certificación del proceso, para poder continuar con los demás pasos que se requieren, a fin de  que los colombianos puedan ser convocados a las urnas.

“Más de 4 millones de colombianos firmaron la Consulta Anticorrupción para bajarles el sueldo a los congresistas, quitarles la casa por cárcel a los ladrones de cuello blanco, quitar la mermelada para tipos como los ‘ñoños’, para que se haga pública la declaración  de renta de los políticos, pero el CNE está secuestrando las firmas para proteger a la clase política que puso a los magistrados allí, por eso no dejan avanzar el proceso”, dijo Lozano.

Sin embargo, los magistrados del tribunal electoral le respondieron que el tiempo que tardó la revisión de los gastos financieros de la recolección de firmas se debió a múltiples factores de procedimiento, como la organización del comité promotor de observación, algunas correcciones y las subsanaciones en ciertos documentos.

Lo que sigue ahora es llevar la iniciativa al Senado para que, en votación, se decida si los colombianos podrán o no respaldar en las urnas los cambios que sugiere la consulta.