Human Rights Watch (HRW) presentó  el informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo, en donde rechazó el accionar delictivo que continúa realizando el Eln y las disidencias de las Farc en varias regiones, así como el aumento de los asesinatos de líderes sociales y la falta de condenas sobre los responsables de falsos positivos.  

“En 2017, el Eln siguió cometiendo graves abusos contra civiles, como ejecuciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en Chocó. El 25 de octubre, el Eln asesinó a un líder indígena en Chocó, a pesar de haberse comprometido con el gobierno a cesar los abusos”, señaló la organización.

Frente a la cifras de homicidios vinculados al conflicto, la organización  destacó que se ha reducido a menos de 1000 por año, “lo cual es un dato muy importante”. Sin embargo, explicó que todavía hay zonas con un índice de violencia alto, como el Chocó, “en donde el Eln y grupos de paramilitarismo son responsable de graves abusos a los derechos fundamentales de las personas en los lugares donde tienen presencia”.

Frente al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la organización señaló que aunque ofrece una oportunidad histórica de reducir las violaciones de derechos humanos, “su componente de justicia contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eludan una rendición de cuentas ante la justicia”.

Indicó que a pesar de la desmovilización de este grupo, una minoría de guerrilleros disidentes sigue cometiendo abusos contra la población civil.

“En Tumaco se registraron numerosos abusos de grupos residuales de las Farc, lo mismo que en Guaviare. En el Cauca violaciones muy graves atribuidas al Eln y a grupos paramilitares, estos hechos son muy importantes y deben ser objeto de una investigación seria por parte de las autoridades colombianas”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, la organización hizo cuestionamientos a la norma que establece una definición de responsabilidad de mando, “por la cual los superiores pueden responder por delitos que cometieron sus subordinados que se aleja de las normas establecidas del derecho internacional, de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas”.