Todos los colombianos conocemos casi al dedillo los infames actos corruptos de magistrados de la Corte Suprema.
Confesar ¿para qué?
Varios días después, el país rumia su rabia por la confesión de Alejandro Lyons Muskus, el exgobernador de Córdoba preso por un tinglado de corrupción en altas esferas de la burocracia del Estado.
Pero, con franqueza, ¿de qué les sirve a los colombianos conocer en detalle toda la maraña de trampas, triquiñuelas y jugadas hechas por los corruptos como Lyons para quedarse con el dinero que es de todos y que tanta falta hace?
Poco se gana con confesiones descarnadas y descaradas como esta y otras, como la del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y con arrepentimientos diseñados para suavizar la imagen de delincuentes de muy alto vuelo y muy baja estofa. Con eso nada se logra diferente del sentimiento de impotencia y de ira que anidan en el alma de cada colombiano honrado.
Todos los colombianos conocemos casi al dedillo los infames actos corruptos de magistrados de la Corte Suprema como Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos; todos escuchamos estupefactos lo poco que quiso revelar Lyons a una radio; todos estamos ahítos de leer y escuchar casos de corrupción oficial desde hace ya varios años y de saber que con habilidad de carteristas barriobajeros nos han robado los que se supone son ciudadanos ejemplares, los políticos de todas las pelambres...
Cualquier otra confesión pública de cualquiera de estos delincuentes sobra. No es necesaria. No necesitamos más detalles de ningún otro proceso.
Lo que de verdad se necesita es algo que tal vez nunca ocurrirá, porque la corrupción tiene como base una tupida raigambre que conecta a los funcionarios de manejo con los de la justicia y con los de los órganos de vigilancia y control, que impide una acción definitiva para sanear el poder público.
Con fiscales comprometidos por razones partidistas con aspirantes a cargos elevados de elección popular o procuradores tímidos porque temen perder el favor de sus padrinos o jueces que inexplicablemente no están en los patios carcelarios, esperar una acción como la que se necesita es como pedirle peras a un limonero.
Desde luego, ellos, todos, unos y otros están allí, porque los electores así lo han decidido. Quizás no todos, pero sí los clientes de los partidos, aquellos que le ponen a su voto el precio de un emparedado y un refresco el día de elecciones, y sin los cuales el sistema podrido colapsaría en pocos días, porque está diseñado, precisamente, para que funcione y se reproduzca de esa manera.
Por eso, en unas semanas se repetirá la historia de un funcionario que dice estar arrepentido y que cuenta detalles de sus actos criminales y citará, uno a uno, a sus cómplices en el robo del dinero público. Esos episodios le permiten al sistema dar la impresión de que sí se combate la corrupción y el delito en la burocracia.
Pero todo es un espejismo, una falsa imagen que se hace pasar por cierta.
Ni siquiera la Justicia tiene la clave, como algunos confiados consideran. La tienen los electores, que ante las urnas tienen tres opciones: votar por el bandidaje, como hasta ahora, hacerlo por los pocos honrados que aún postulan su nombre, o votar en blanco.
No hay otra manera legítima de darle muerte al monstruo que nos devora vivos.
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