El próximo sábado 27 de enero, entra en vigencia la segunda fase de la Ley de Garantías en todo el país para las entidades que quieren realizar contratación directa.

Lo anterior fue informado por Colombia Compra Eficiente -CCE-  Agencia Nacional de Contratación Pública, la cual dio a conocer las restricciones  a las que tiene lugar.

Para empezar,  se prohíbe celebrar contratos en la modalidad de contratación directa con caducidad que, una vez sea elegido el Presidente de la República, e involucra a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.

Juan David Duque, director de CCE, explicó la importancia  que tiene la Ley de Garantías para evitar que los recursos públicos sean desviados de su origen: “Es importante recordar que la Ley de Garantías está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso de la República, que se realizará el domingo 11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea elegido".

"Es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”, insistió Duque.

Asimismo, indicó que la entidad analizó el comportamiento de las contrataciones en la pasada Ley de Garantías, esto de acuerdo con los datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública y estos fueron los tres factores que se observaron.

“Como primera medida se evidenció que entre los meses de junio y julio hubo un incremento del 58% en el valor contratado, mientras que  en los meses de agosto y septiembre los incrementos respecto al mes anterior fueron de alrededor del 11%. Finalmente se detectó que el número de contratos celebrados después que acabó la Ley de Garantías varió entre los 30 mil contratos y los 39 mil contratos”, puntualizó Duque.