Gobernar con unos pocos, muy pocos, quizás no en contra de las mayorías, pero sin ellas, es decir, a espaldas de ellas, de ordinario conduce a situaciones tan críticas como la vivida en la incendiada y esquilmada Urabá la semana pasada.

Puede ser mera impresión, pero por momentos parece como si el Gobierno, o, mejor, altos funcionarios del Gobierno, prefirieran un país incendiado, pero ellos imponiendo su voluntad en contra de los más, a uno en paz, resultado del diálogo, de políticas discutidas y acordadas de común acuerdo con las gentes. Es como si el pueblo, es decir, las enormes mayorías, no existiera para los burócratas. Como si esos oficinistas quisieran con vehemencia que el país viva de incendio en incendio.

Los muertos y los heridos, la destrucción de vías y de alcaldías, los incendios y, en general, es decir, el paro de Urabá, todo comenzó a gestarse por lo menos un año atrás, cuando las fuerzas vivas, la gente, el pueblo, formuló su rechazo a los anuncios de construir tres peajes en menos de 60 kilómetros, en contra de la norma legal, de la lógica y de los intereses de los más pobres, pero favoreciendo, según los líderes del movimiento cívico, a la poderosa y arrolladora industria bananera.

Según Iván Rey, vocero del Movimiento Iniciativa Ciudadana, los urabeños ni siquiera piden que eliminen los peajes, sino que los reubiquen, para que unos 3.500 tractomulas con productos de la gran industria, que usarán los puertos de Urabá, paguen. Y que los camiones bananeros hagan lo mismo. Al fin y al cabo, la carretera es más útil a los industriales que a los habitantes de la zona de estratos 0, 1 y 2. 

Porque como lo decidió el gobierno, los peajes para financiar la Transversal de Las Américas, lo pagarán los campesinos, los obreros y los estudiantes que van cada día entre uno y otro pueblo y sobre los que recaería un alza del transporte de entre 33 y 38 por ciento.

Pero la infinita soberbia de los burócratas dice que primero consultará con la industria bananera, pero que de antemano advierten que es inviable cambio alguno, que reubicar los peajes no es una alternativa...

Con actitudes radicales como esta, de Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), responsable de los peajes y de los problemas, ¿qué otra cosa se puede esperar sino mayor violencia popular?

Ya ni en los textos de historia aparecen los días en que desde el Gobierno se imponía todo. Ahora, el único mecanismo posible para administrar bien un país, es la concertación con todos los ciudadanos, y la renuncia a los criterios inamovibles como el de que el trasteo de unos peajes no es una alternativa.

Lo que no es una alternativa es el radicalismo y la soberbia de la burocracia.

Los funcionarios, todos, desde el primero hasta el último, deben saber que si no se negocia, nada es posible. Es lo que permite que la democracia no sea solo un enunciado teórico.

Y deben saber, también, que negociar es algo que compete a todos, no solo a los empresarios del banano, como en el caso de Urabá, sino con quienes lo cultivan, lo recolectan, lo transportan y embarcan. En fin, con toda la gente.