Tras la polémica firma del Decreto 2199 de 2017 al que, al parecer, los exintegrantes de los grupos paramilitares buscan acogerse para llegar a la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ministro del Interior, Guillermo Rivera, precisó que los beneficios de esta norma solo aplican para los excombatientes de las Farc que hicieron parte del proceso de Justicia y Paz y que fueron incluidos en la Ley de Amnistía. 

“Este decreto ampara a excombatientes de las Farc, no ampara a excombatientes paramilitares, eso es muy importante aclararlo, y básicamente lo que se garantiza es que aquellos excombatientes de las Farc que hayan transitado de Justicia y Paz a la JEP puedan también hacer parte del programa de reincorporación que tiene prevista la Agencia para la Reincorporación y Normalización”, explicó el jefe de la cartera política. 

Rivera resaltó que este decreto está diseñado para cumplir con la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia el pasado 19 de abril. Del mismo modo, precisó que quienes se acojan a la Justicia Especial para la Paz deberán cumplir con una serie de requisitos. 

“De tal manera que el primer requisito es ser excombatiente de las Farc, lo segundo es estar contribuyendo con la verdad en Justicia y Paz, lo tercero es haber recibido algún beneficio de la Ley de Amnistía. Este decreto lo que busca es garantizar su ingreso al programa de reincorporación”, manifestó Rivera. 

Sobre la Ley de Amnistía, el ministro resaltó que este beneficio le es otorgado a las personas que hayan cometido delitos políticos o tengan un delito “común conexo con el delito político”, es decir, que quienes se hayan levantado en armas en contra del Estado gozarán de dicha gracia. 

El representante del Gobierno reiteró una vez más que esa no es la situación de los paramilitares, “(…) y esa no es la realidad de los grupos paramilitares, de tal manera que en los beneficios de la Ley de Amnistía están condicionados”.

De esta forma, el ministro le salió al paso a las críticas que ya se empiezan a escuchar en contra del Gobierno, por la supuesta solicitud que estaría contemplando hacer el deportado excomandante paramilitar Hebert Veloza García, HH, a la JEP, tras su llegada al país.