El Juzgado 3 Especializado, con funciones de conocimiento, avaló el preacuerdo presentado por la Fiscalía y condenó a ocho años de prisión a Sebastián Ángel Gómez y Claudia María del Carmen Gómez Salazar, hijo y madre, respectivamente, por comercializar marihuana en pasteles en la capital del Valle. 

Los sentenciados, de 23 y 57 años de edad,  fabricaban el alimento con el estupefaciente por pedidos a través de las redes sociales.

“Algunos menores se enfermaron luego de consumir dichos pasteles, lo que alarmó a varios padres de familia, quienes manifestaron en la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía que sus hijos ingirieron dichos comestibles”, citó el ente investigador.

Nueve casos reportados por padres de familia fueron clave para que un fiscal y la Policía de Cali identificaran a las dos personas responsables de la comercialización de dichas tortas.

En mayo, durante una diligencia de allanamiento y registro ordenada por el fiscal del caso, miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia hicieron las capturas.

En ese entonces, las autoridades se incautaron de 88 brownies, 30 galletas, 9 cajas de alfajores, 2 contenedores con mantequilla, 16 sobres de semillas de marihuana, 3 bolas de marihuana prensada, 2 celulares, 1 computador portátil, 3 memorias, un vehículo y publicidad alusiva a Cultura Cannabica Cali (nombre dado al negocio).

La Fiscalía pudo establecer que a través de las redes promocionaban sus productos con una estrategia publicitaria que incluía domicilios puerta a puerta.

Primero, libres

Inicialmente, esta pareja fue capturada y judicializada en mayo. Sin embargo, el juez de primera instancia les otorgó la libertad, situación que fue apelada por la Fiscalía.

En septiembre, estas dos personas fueron recapturadas, por orden del Juzgado 17 Penal del Circuito, quien revocó la libertad otorgada por la primera instancia al consideran que sí eran un peligro para la sociedad.

A prisión

Por determinación del Juzgado, Sebastián Ángel Gómez y Claudia María del Carmen Gómez Salazar, deben cumplir la sentencia en establecimiento carcelario, sin ningún tipo de beneficio. El ente investigador les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y suministro a menor.