El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anuncio que se compulsarán copias a la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, sobre las nuevas irregularidades halladas en el funcionamiento de la EPS Medimás e incumplimientos al proceso de venta de Cafesalud.

Carrillo dijo que los hallazgos tienen que ver con "una red de salud que sigue siendo muy débil, con problemas alrededor de la sociedad Medimás, el cambio de la composición accionaria de la misma, y con la presunta utilización de los recursos de la salud de los colombianos para fines distintos de mejorar la prestación del servicio”.

El funcionario señaló que se debe vigilar el uso sobre los recursos que recibe Medimás por UPC (Unidad de Pago por Capitación) - valor mensual que recibe la EPS por cada afiliado con destino a la atención en salud.

“No vamos a permitir que se repita la historia de Saludcoop o de Cafesalud. La administración de los recursos públicos de la salud debe ser transparente y rigurosa, de acuerdo con el marco legal vigente, especialmente para que no se destinen a otros fines y se desfinancien los servicios de salud”, insistió el procurador.

El jefe del Ministerio Público indicó que casi cinco meses después de las primeras alertas por parte de la entidad, todavía se mantienen los niveles de quejas y reclamos frente a Medimás pues, para los meses de octubre y noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud registró 14.252 y 11.969 quejas, peticiones y solicitudes de información, respectivamente.

La Procuraduría además exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a que adelante las actuaciones correspondientes y adopte las medidas especiales que sean necesarias, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los afiliados a esta EPS y sus familias.

Carrillo destacó que las dos sanciones impuestas por la Supersalud en los últimos días a Medimás, una por 1500 salarios mínimos, por actuar de manera negligente e irregular en la atención de 3220 pacientes vulnerables, a quienes no les garantizó el acceso a los servicios de salud; y otra, de 2300 salarios mínimos, por la comisión de infracciones administrativas, como la no conformación, garantía, organización y evaluación de la red de servicios de salud; confirman las denuncias públicas que hizo la entidad el pasado 13 de septiembre.

“La Procuraduría no esperará otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar”, puntualizó el procurador Fernando Carrillo.