La Comisión Europea y Reino Unido franquearon este viernes una etapa clave en el Brexit con el primer acuerdo sobre los términos de su divorcio, un pacto que abrirá las puertas próximamente a discutir la futura relación entre británicos y europeos.

El Reino Unido pagará entre 40.000 y 45.000 millones de euros (entre 35.000 y 39.000 millones de libras) para salir de la Unión Europea.

El montante a pagar ha sido la cuestión más polémica en el Reino Unido de todas las relacionadas con el Brexit. Pagar por salir equivalía a una humillación para los anti-UE, teniendo en cuenta que uno de sus principales argumentos era que el Reino Unido ya ha pagado históricamente demasiado por pertenecer al bloque.

Así, hace unos meses, el titular de Relaciones Exteriores Boris Johnson -el rostro principal de la campaña a favor del Brexit- mandó a la UE “a tomar viento fresco” por la factura de divorcio que presentó a Londres.

El gobierno británico aceptó ahora pagar esa cifra en concepto de compromisos presupuestarios ya adquiridos o pensiones de los funcionarios europeos, entre otros, para poder pasar a negociar ya un acuerdo comercial con la UE, su principal mercado.

“Hemos podido hacer los progresos suficientes para entrar en la segunda fase [de negociación] entre los 27 y Reino Unido”, indicó el titular del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en Bruselas junto a la primera ministra británica, Theresa May.

El anuncio llegó tras una noche de trabajo por parte de los negociadores de ambas partes quienes buscaban un acuerdo antes del domingo para que los líderes europeos pudieran dar su visto bueno en una cumbre la próxima semana.

Los europeos querían avances suficientes en la negociación de las tres prioridades del divorcio -liquidación financiera, derechos de los ciudadanos expatriados y la situación en la frontera en la isla de Irlanda- para poder pasar a la segunda fase de negociación, como reclama Londres.

Todo apunta a que los mandatarios europeos validarán en la cumbre del 14 y 15 de diciembre en Bruselas el acuerdo preliminar alcanzado y darán su luz verde a empezar a discutir las futuras relaciones a ambos lados de Canal de la Mancha, así como un eventual período de transición.

Sin ‘frontera dura’

A partir del documento cerrado este viernes, ambas partes “iniciarán la elaboración de un acuerdo de retirada” final mientras se resuelven otros aspectos del divorcio, precisó la Comisión, advirtiendo que el texto final debe estar listo para el otoño de 2018 para dar tiempo a su ratificación.

La frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte se ha convertido en el escollo más importante en la recta final de esta primera fase de negociación, que tomó 172 días desde la primera ronda celebrada el 19 de junio pasado.

Aunque la UE y Londres estuvieron cerca de alcanzar este primer acuerdo el lunes, los socios unionistas norirlandeses del DUP, sin cuyos diputados May perdería el gobierno, frenaron las negociaciones, por lo que la líder volvió con las manos vacías.

Bruselas apuntó que “Reino Unido reconoce las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda” y asumió “importantes compromisos” para evitar una frontera física. “En Irlanda del Norte, garantizaremos que no haya frontera dura”, apuntó May.

Dublín, que había amenazado con bloquear el paso a la segunda fase de negociación, celebró el acuerdo anunciado que, en palabras de su canciller Simon Coveney, protege “completamente” el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte entre nacionalistas y unionistas.

Derechos y factura

Respecto a los expatriados, tanto los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido como los británicos residentes en el resto de la UE antes del 29 de marzo de 2019, cuando está prevista la salida efectiva de los británicos, mantienen sus derechos sanitarios, sociales y laborales.

“Hemos avanzado y nos han dado concesiones, pero creo que May lo ha hecho solamente para pasar a la segunda fase”, asegura a la AFP Joan Pons, enfermero español residente en Reino Unido, quien teme que en ese momento queden “enterrados” los derechos.

El acuerdo estipula también, respecto a la espinosa cuestión de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que los tribunales europeos “deberán tener en cuenta” la jurisprudencia existente en el momento de la retirada.

Tras el Brexit, los tribunales británicos “podrán” durante ocho años plantear al alto tribunal europeo cuestiones de interpretación de la legislación. Una nueva “autoridad nacional independiente” velará en Reino Unido por el respeto de los compromisos.

Sobre la factura a pagar por Londres por sus compromisos adquiridos como socio, May indicó que será “justa” para los contribuyentes británicos. Los negociadores alcanzaron una “metodología” de cálculo del monto que se elevaría a entre 40.000 y 45.000 millones de euros, según Londres.

Reto más difícil’ por venir

“El reto más difícil está aún por delante. Todos sabemos que separarse es difícil, pero separarse y construir una nueva relación es mucho más difícil”, advirtió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, después de reunirse con May en la mañana.

Tras el esperado visto bueno de los mandatarios, las negociaciones de la futura relación pasarán por un período de transición de dos años tras el 29 de marzo de 2019, al que el presidente del Consejo Europeo puso condiciones.

Londres deberá respetar las leyes europeas, los compromisos financieros y la supervisión de la justicia europea, aseguró Tusk, precisando que durante ese período “la toma de decisiones en la UE” se hará “sin Reino Unido”.

El negociador europeo, Michel Barnier, precisó que las discusiones sobre la transición comenzarían “a principios de año”, si bien las negociaciones sobre la futura relación llegarían “un poco más tarde”.

Barnier apuntó además que, vistas las exigencias de Londres, la futura relación comercial entre ambos debería tomar una forma similar al tratado de libre comercio alcanzado entre la UE y Canadá.