La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 30 años impuesta a dos uniformados (pilotos) de la Fuerza Área Colombiana implicados en el bombardeo al caserío de Santodomingo del municipio de Tame (Arauca), el 13 de diciembre de 1998 cuando fallecieron 17 personas (incluidos seis niños) y otras 27 quedaron heridas. 

Al estudiar un recurso de casación, la Corte Suprema confirmó la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en 2011 en contra del piloto César Romero Padilla y el copiloto Johan Jiménez Valencia por el lanzamiento de una bomba tipo clúster, compuesta por seis bombas de fragmentación sobre el caserío, desde un helicóptero UH-1H de matrícula FAC-4407. 

El Tribunal había indicado en su momento que sí fue un explosivo tipo clúster el que se arrojó por la Fuerza Aérea y desechó la hipótesis de la defensa de los uniformados que alegaba que la masacre se produjo por la activación de un explosivo artesanal por parte de las Farc instalado en un vehículo. 

Estos hechos se remontan al 12 y 13 de diciembre de 1998 cuando ocurrieron una serie de combates entre las Fuerzas Armadas y las Farc y, por los mismos, fue condenado el Estado Colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, en el 2012. 

La sentencia del tribunal internacional se dio por la violación al derecho a la vida, la integridad personal y por violación al deber de proteger a niños y niñas, todo por el uso de dicha bomba tipo clúster o racimo, AN-M1A2. En este caso se señaló que su lanzamiento en un área habitada, dada la capacidad letal y precisión limitada, “era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional Humanitario”. 

Dicha sentencia ordenó brindar un tratamiento integral en salud a las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, evento que se realizó apenas el pasado 31 de agosto, luego de que un fallo de tutela de la Corte Constitucional obligara al Estado a cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por este caso, la Fiscalía lleva otras investigaciones contra los oficiales de la Fuerza Aérea Germán David Lamilla Santos y Sergio Andrés Garzón, quienes alcanzaron a estar presos cinco meses por una medida de aseguramiento que luego fue revocada.