Un año después del acuerdo de paz con las Farc, indígenas y afrodescendientes siguen sufriendo las incursiones de otros grupos guerrilleros y paramilitares en una empobrecida zona del noroeste de Colombia, alertó Amnistía Internacional (AI).

En el departamento del Chocó “persisten casos de desplazamientos forzados colectivos, muertes o heridos con minas antipersonal y asesinatos selectivos que han ocurrido tras la salida de las Farc del territorio”, denuncia la organización humanitaria en un informe publicado en Bogotá.

Ante el desarme de 7.000 combatientes de la que fue la guerrilla más poderosa del continente, el vacío ha sido ocupado por la fuerte presencia de los rebeldes del Eln, en diálogos con el gobierno, y “el reacomodo de estructuras paramilitares” desarmadas en 2006, advierte AI.

El gobierno selló el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hoy convertidas en partido político, pero “todavía queda mucho por hacer para que el proceso de paz suponga alguna diferencia real en la vida de las personas”, dijo Salil Shetty, secretario general de AI, de visita en Colombia para la presentación del informe.  

Solo en lo que va de este año, de acuerdo con AI, seis líderes comunitarios han sido asesinados en Chocó, un departamento selvático con abundantes recursos naturales que es un corredor estratégico para el narcotráfico. Su amplia franja de territorio sobre el Pacífico sirve como uno de los puntos desde donde sale la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. 

En todo el país 92 defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos nueve meses, lo que convierte a Colombia en el segundo lugar más peligroso para esa actividad en el mundo después de Brasil, señaló Shetty.

La mayoría de los 600.000 habitantes de Chocó, el departamento más pobre del país, son afrodescendientes e indígenas, los grupos históricamente más golpeados por mas de medio siglo de guerra interna en Colombia.

Esas comunidades “no han sentido la paz (...) necesitan ver los beneficios”, subrayó Shetty. Además del componente étnico, Amnistía Internacional priorizó Chocó “por ser un territorio que ha estado en constante disputa por los actores armados”, con un saldo de víctimas civiles que “aún esperan la garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, así como el derecho a la no repetición”, dice el informe.

En ese sentido, el organismo recomienda al Estado desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares, reparar a las víctimas, prevenir desplazamientos y proteger a los líderes comunitarios, entre otras medidas. 

El 60 por ciento de los habitantes de Chocó son víctimas documentadas del conflicto, y el 80 por ciento vive en la pobreza extrema, según datos oficiales. 

El conflicto armado en Colombia deja 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.