El pasado miércoles en la noche una proposición fue capaz de levantar a la plenaria del Senado del sopor en el que se encontraba votando los últimos artículos con proposiciones de la Justicia Especial para la Paz.

El legislativo aprobó un artículo nuevo para que los delitos sexuales contra menores vayan a la justicia ordinaria y no a la especial, este tema de seguro generará polémica en la discusión que la norma tendrá en la plenaria de la Cámara.

La propuesta fue presentada por la senadora Maritza Martínez (Partido de La U); Mauricio Aguilar  (Opción Ciudadana); Jimmy Chamorro (Partido de La U) y Doris Vega (Opción Ciudadana), entre otros, para que se incluyera un artículo nuevo.

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Al escuchar la proposición desde el atril el ministro del Interior, Guillermo Rivera, solicitó a la plenaria no avalar el artículo pues no hacía parte de este proyecto, la plenaria le respondió con rechiflas y golpes en los puestos.

“Las sanciones a las que hace referencia el título IX de la presente ley (sanciones) no serán aplicables a quienes cometan cualquier tipo de delito sexual grave contra niños, niñas o adolescentes. A quienes incurran en las conductas a las que se hace referencia en el inciso anterior se les aplicarán las penas y sanciones contempladas en la ley 599 de 2000 (Código Penal) o la que haga sus veces y no procederán ninguna clase de beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos, incluyendo los que se consagran en la presente ley”, reza el artículo incluido en la discusión.

En resumidas cuentas, los guerrilleros que hayan cometido este tipo de delitos se ven avocados a pagar sus penas ante la justicia ordinaria, lo que les acarrearía penas entre 20 y los 40 años de prisión sin ningún beneficio.

Este artículo, sin duda, será uno de los que más polémica cause durante la discusión que tendrá el artículo la próxima semana en la plenaria de la Cámara. Cabe recordar que la reforma solo tiene 15 días para ser aprobada pues el procedimiento de 'fast track' se acaba el 30 de noviembre.

Luego de la aprobación de la norma el Ministro del Interior mostró su optimismo pues, según él, “los textos aprobados por las plenarias de Cámara y Senado serán conciliados antes del 30 de noviembre”.

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Y destacó el punto sobre participación política donde “se establecieron unos requisitos como que en el momento de la inscripción haya que acreditar un certificado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el que conste que los inscritos están en la lista que entregaron las Farc en el momento de la desmovilización”.

Así mismo, sostuvo que los desmovilizados que quieran participar en política deberán reafirmar su compromiso de comparecer ante la JEP, de manera progresiva en los términos en que ese mecanismo comience a operar.

“Si una persona es elegida y luego sancionada por la JEP será la justicia la que determine si esa sanción es compatible o incompatible con el desempeño de funciones públicas”, concluyó el funcionario.