Organizaciones que defienden los derechos de la mujer en la República Dominicana volvieron hoy a reclamar a los legisladores la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corra peligro, el embarazo sea producto de violación o incesto o el feto sea inviable.

La Coalición por la Salud y la Vida de las Mujeres exhortó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados impulsar un Código Penal "que este del lado del desarrollo, permita a las mujeres tener información y acceso a servicios profesionales de salud, para salvaguardar así su dignidad, autonomía, integridad e incluso su vida".

Mantener la penalización absoluta del aborto en el Código Penal "es una condena para las mujeres. En especial para aquellas que viven en condición de pobreza, a quienes se les niega sistemáticamente atención médica oportuna y de calidad, atentando contra sus derechos", señaló la Coalición en un comunicado.

"Por ello tiene que haber un cambio en la ley", agregó la organización, que consideró "paradójico" que la República Dominicana mantenga la penalización del aborto "siendo uno de los países de la región con los mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo".

Según datos proporcionados por la Coalición, el 13 % de las muertes maternas en el país están relacionadas con abortos inseguros o mal practicados.

Además, una de cada cinco mujeres que fallecieron por causas relacionadas con el embarazo o la maternidad era adolescente.

La República Dominicana ocupa el quinto lugar en la región en embarazos a temprana edad, solo superada por Nicaragua, Honduras, Venezuela y Ecuador, agregó la información.

"Estamos frente a una situación muy preocupante y dramática ante la cual no podemos cerrar los ojos", subrayó, y destacó que desde hace más de 20 años el movimiento de mujeres en la República Dominicana viene exigiendo que se despenalice el aborto "para que no sean sancionadas legal, moral y socialmente las mujeres cuando tengan que incurrir en dicha práctica".

Precisamente hoy, la ONU pidió a la República Dominicana que despenalice el aborto cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo y cuando llevar a término la gestación pueda ocasionar un daño o sufrimiento sustancial, especialmente en caso de violación, incesto o si el feto es inviable.

En sus recomendaciones al país adoptadas tras la evaluación del sexto informe periódico de la República Dominicana los días 16 y 17 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación por "la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión".

Este órgano de la ONU insiste en que "no deben aplicarse sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan, ya que tales medidas las obligan a recurrir a abortos inseguros".

Las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, un tema que divide a la sociedad en general, frustró en la anterior legislatura ordinaria en julio la aprobación de un nuevo Código Penal que los legisladores llevan años discutiendo.

El Código Penal, considerado como el instrumento idóneo para enfrentar la delincuencia en el país, fue aprobado en 2014, pero ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente dominicano, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.