El gobierno español tomó las riendas del poder en Cataluña sin hallar resistencia del destituido presidente independentista Carles Puigdemont, que este lunes viajó a Bruselas después de recibir una querella por rebelión y sedición.

El lunes fue el primer día laborable desde que el parlamento de Cataluña declaró la independencia el viernes y el gobierno de Mariano Rajoy adoptó medidas destinadas a controlar la región -que gozaba hasta ahora de una amplia autonomía-, dos acciones sin precedentes en la España moderna.

En un ambiente de gran incertidumbre, todos esperaban ver si Puigdemont se resistiría a abandonar el cargo.

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Durante horas, decenas de periodistas aguardaron su llegada a la sede del gobierno regional en Barcelona. Pero no apareció.

¿Dónde está Puigdemont? era la pregunta en boca de todos.

"Está en Bruselas", afirmó una fuente gubernamental española. El diario catalán El Periódico dijo que había ido con algunos de sus consejeros (ministros regionales) a pedir asilo político.

El abogado belga Paul Bekaert, experto en temas de asilo, que en el pasado defendió a presuntos miembros de la organización armada vasca ETA, confirmó que había estado en contacto con Puigdemont, pero no que vaya a solicitar asilo.

"No se ha decidido nada en este plano", dijo a la cadena de televisión belga VRT.

El domingo, un ministro belga, separatista flamenco, insinuó que el país podría ofrecer asilo al gobierno independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.

Sin poder confirmar esta información, el abogado de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas afirmó a la AFP: "A él le pesa mucho que si lo vinieran a detener y lo citan a declarar, pudiera haber protestas y hechos violentos".

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Por su parte, Marta Pascal, portavoz de su partido PDeCAT, recordó que durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) Cataluña tuvo líderes en el exilio que "seguían siendo presidente del gobierno catalán".

"Entendemos que Bruselas es un ámbito en el que se puede hacer mucho trabajo, por lo tanto hay una parte del gobierno que está haciendo ese trabajo", dijo a la televisión pública catalana TV3 Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán, que no fue a Bélgica.
   
'Rebelión' y 'sedición' 
 
Las instituciones europeas indicaron a la AFP que no hay ningún encuentro previsto con él, y el partido nacionalista N-VA aseguró que no lo había invitado.

Desde el partido de extrema izquierda independentista catalán CUP reclamaron explicaciones. "El país necesita saber qué hoja de ruta tiene el gobierno (catalán, ndlr), por qué está en Bruselas", dijo su diputada Mireia Boya.

La noticia sobre el viaje de Puigdemont a Bruselas saltaba minutos después de que el fiscal general del Estado español anunciara una querella contra él y su gobierno por varios delitos -entre ellos "rebelión" y "sedición"- penados con hasta 30 años de cárcel.

Se les acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza.

   
A la espera del gobierno 
 
Los independentistas, que el viernes celebraron con júbilo el nacimiento de su república, parecían cada vez más desanimados.

"Estamos a la espera de qué hace el gobierno" de Puigdemont, explicó el domingo a la AFP un responsable de una organización independentista.

"Si se creen ellos mismos que son el gobierno de la República, entonces nosotros saldremos a protegerlos, pero si no hacen nada, tendremos que ver qué hacemos", agregó.

Sin embargo el lunes, solo uno de sus integrantes acudió a su despacho y en las dependencias oficiales seguían ondeando las banderas españolas.

De la decisión de los líderes independentistas también dependen los 200.000 funcionarios de la administración regional, ahora ya bajo órdenes de Madrid. 

En las últimas semanas surgieron llamamientos a desobedecer a sus nuevos superiores, pero es incierto si lo harán tras la aparente partida de sus dirigentes.

"Creo que la gente seguirá trabajando normal en su día a día", dijo Joan Escanilla, portavoz en Cataluña del sindicato de funcionarios CSIF.
   
En lógica electoral
   
La región se dirige ahora a una nueva contienda electoral para calibrar fuerzas entre los partidarios y los contrarios a la secesión, que se dividen casi a partes iguales entre los catalanes.

Entre las medidas adoptadas, Rajoy decretó la disolución del parlamento catalán y una convocatoria de elecciones regionales el 21 de diciembre que, por el momento, parece que fue acatada por los responsables de la cámara catalana.

Los partidos favorables a la unidad de España lanzaron la precampaña el domingo, llamando a votar masivamente a los cientos de miles de personas que se manifestaron en Barcelona contra la secesión.

Pero también parecen dispuestos a concurrir a estos comicios los partidos independentistas que apenas dos días antes habían proclamado la nueva república.

"El día 21 iremos a las urnas, iremos convencidos", afirmó Marta Pascal mientras que Junqueras, el líder de su socio de coalición, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), también confirmó su participación.

Es "una oportunidad más para hacernos oír, para hacernos oír en todas partes. Nosotros somos los campeones de la democracia, a demócratas no nos gana nadie", dijo Junqueras.

Según las últimas encuestas, los independentistas podrían perder en estas elecciones la mayoría absoluta del parlamento regional obtenida en septiembre de 2015 por primera vez en su historia.