La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) reconoció hoy en un comunicado su responsabilidad en el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, ocurrido la semana pasada en una zona rural del departamento de Chocó, en la frontera con Panamá.

Según el documento, Isarama, líder del resguardo indígena Catru Dubaza Ancoso, del municipio del Alto Baudó, tendría relación con "inteligencia militar" por lo que decidieron abordarlo para "interrogarlo".

"Ya detenido y en camino al lugar del interrogatorio, el gobernador Aulio Isarama Forastero se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros, con el trágico desenlace conocido", añade la guerrilla.

Por su lado, el jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN en Ecuador, Juan Camilo Restrepo, calificó a través de Twitter la acción de la guerrilla como un acto "deplorable desde todo punto de vista" y "decepcionante".

El Eln explicó que no "se había impartido orden ni autorización para atentar" contra el gobernador indígena y que "la unidad guerrillera que lo detuvo solo tenía como propósito una investigación".

Igualmente calificó de "dolorosa" la muerte de Isarama y dijo estar dispuesta a un "ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir"

La agrupación también ratificó el compromiso "al cese bilateral temporal del fuego" y aseguró que se mantendrán en él hasta su culminación.

El viernes pasado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, que si se llegaba a comprobar que el Eln asesinó a Isarama sería una violación al cese el fuego.

"(El caso) está en investigación. Hay una denuncia concreta de una comunidad indígena y si eso se llega a comprobar es una violación al cese el fuego", dijo en ese momento el jefe de Estado.

El Gobierno y el Eln comenzaron el 7 de febrero en Quito un proceso de diálogo encaminado a terminar con el enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años, proceso que cuenta con el apoyo de cinco países garantes: Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela.

Hasta la fecha, el mayor avance alcanzado ha sido el acuerdo de cese del fuego bilateral que se extenderá hasta el 9 de enero, aunque ya se ha hablado de prorrogar esa fecha.