Al igual que otros exconcejales de Cúcuta sancionados por permitir la creación de la sonada Corporación Parques Cúcuta, el exgobernador Edgar Díaz Contreras y el gerente del hospital mental Rudesindo Soto, Eduardo Chaín, están dando la pelea ante el Consejo de Estado por intentar revocar la decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación, en 2012.

La semana pasada fue la audiencia inicial del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho  mediante el cual los exconcejales  buscan que el Ministerio Público les elimine los antecedentes disciplinarios derivados de la sanción que les fue impuesta, se les pague el valor de la multa que tuvieron que asumir en favor del Concejo de Cúcuta por $22 millones, les respondan a cada uno de los demandantes con 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por perjuicios morales y se le dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso en su contra.

En la diligencia, el abogado de Díaz Contreras y de Chaín, Armando Quintero, solicitó decretar una serie de pruebas como la certificación del valor pagado al Concejo de Cúcuta por parte de los exconcejales, por concepto de la multa en la que se convirtió la suspensión de seis meses a la que se hicieron acreedores.

Las partes también descartaron la posibilidad de una conciliación sobre el litigio que está en marcha.

Los hechos por los cuales fueron sancionados

En septiembre de 2011, la Procuraduría General de la Nación determinó la suspensión de los concejales y exconcejales de Cúcuta que le dieron vía libre, en 2006, a la Corporación Parques Cúcuta, por considerar que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. 

Para el Ministerio Público, los entonces corporados no podían autorizar la creación de la entidad sin ánimo de lucro -que pretendía impulsar el fallido proyecto urbanístico del Parque Bavaria-, así como tampoco otorgarle facultades al alcalde de la época, Ramiro Suárez Corzo, para utilizar $4.000 millones provenientes del sistema de contribución por valorización, para la constitución de dicha corporación.

El fallo en su contra fue ratificado por el ente  de control disciplinario, a comienzos de 2012.