Cinco años después de que la Procuraduría General de la Nación los sancionara por permitir la creación de la sonada Corporación Parques Cúcuta, ocho de los 16 concejales y exconcejales involucrados en el caso, siguen dando la pelea por reversar el fallo.

En medio de esa batalla, el Consejo de Estado acaba de admitir una demanda de nulidad  y restablecimiento del derecho instaurada por los excabildantes, con el fin de dejar sin piso la decisión que ordenó su suspensión por un término de seis meses, los cuales se convirtieron en una multa en efectivo.

Lo anterior, por cuanto al momento en que la sanción quedó en firme por parte del Ministerio Público, solo uno de los afectados, el concejal conservador Víctor Suárez, se encontraba ejerciendo el mismo cargo.

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Los demás ya habían cesado sus funciones y en ese sentido se hicieron acreedores a una multa de $22 millones.

La acción con la que los exintegrantes de la corporación municipal pretenden demostrar que no cometieron ninguna irregularidad había sido radicada en 2012, pero hasta ahora fue admitida por el alto tribunal.

Los hechos por los cuales fueron sancionados

En septiembre de 2011, la Procuraduría General de la Nación determinó la suspensión de los concejales y exconcejales de Cúcuta que le dieron vía libre, en 2006, a la Corporación Parques Cúcuta, por considerar que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. 

Para el Ministerio Público, los entonces corporados no podían autorizar la creación de la entidad sin ánimo de lucro -que pretendía impulsar el fallido proyecto urbanístico del Parque Bavaria-, así como tampoco otorgarle facultades al alcalde de la época, Ramiro Suárez Corzo, para utilizar $4.000 millones provenientes del sistema de contribución por valorización, para la constitución de dicha corporación.

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En su momento, los sancionados alegaron que en agosto de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander entregó un concepto diferente  y les dio la razón, al considerar que ellos sí tenían plena facultad para crear la corporación y hacer el traslado de los dos lotes a la misma entidad. 

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No obstante, el fallo en su contra fue ratificado por el ente  de control disciplinario,  a comienzos de 2012.

A la fecha, la sanción económica la han pagado el exgobernador Edgar Díaz Contreras, el representante a la Cámara, Juan Carlos García Gómez, y los exconcejales Blanca Cruz González, Lyda Yazmín Ardila Ardila, Rodolfo Torres Castellanos y Hugo Márquez Peñaranda.

Eduardo Chaín Rueda, Alfredo Duarte, Luis Eduardo Guevara y Jorge Iván Cáceres, hicieron un acuerdo de pago y los demás están a la espera de que se decida la suerte de la demanda de nulidad en el Consejo de Estado.