Venezuela acusó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de agredir y querer desestabilizar al país al mentir sobre la represión de las manifestaciones antigubernamentales que, según la ONU, puede constituir crímenes contra la humanidad.

"Le exigimos al señor alto comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país", dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en su alocución al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El pasado agosto, la Oficina presentó un informe sobre lo ocurrido durante los cuatro meses de violencia civil en el marco de las protestas contra la elección de una Asamblea Constituyente.

Ese contundente informe detalló el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas y restricciones a los opositores.

Represión podría constituir "crímenes contra la humanidad"

Este lunes, antes de la intervención de Arreaza, el propio comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hassuein, se refirió a Venezuela en su discurso y dijo que lo ocurrido durante la represión de las protestas podría constituir "crímenes contra la humanidad".

En su turno de palabra, el canciller se refirió a "los recientes informes" elaborados por la Oficina sobre su país y dijo que "carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad" del pueblo venezolano.

Acusó a la Oficina de Zeid de "comportamiento selectivo, parcializado y politizado", descargó de toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad y los grupos acólitos al Gobierno de Nicolás Maduro y dijo que la oposición es la responsable de la violencia durante las protestas.

"El resultado de las acciones de la oposición fue la lamentable pérdida de 121 vidas humanas. La mayoría de estas muertes son directamente atribuibles al accionar violento de los grupos antigubernamentales", subrayó.

Dicho esto recordó que la Asamblea Constituyente creó la Comisión para la Verdad con el fin de investigar los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en Venezuela desde 1999 hasta julio de 2017.

Precisamente, Zeid dijo que apoya el concepto de una Comisión nacional para la Verdad, pero consideró "inadecuado" el mecanismo actual y urgió por ello a que sea remodelado "con el apoyo y la implicación de la comunidad internacional".

Además instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una "investigación internacional" sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El comisionado señaló que "hay un peligro real" de que las tensiones en el país se intensifiquen más al "machacar el Gobierno instituciones democráticas y voces críticas, incluido mediante procesos penales contra líderes opositores, el recurso a detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y el maltrato de detenidos, que en algunos casos equivale a tortura".

Nada dijo Arreaza al respecto, e insinuó que la Oficina responde a "las directrices de Estados Unidos", a quien acusó de estar detrás de una "agresión multiforme contra su economía".

Además, el canciller acusó a Washington de instaurar sanciones económicas "para atacar a Venezuela y provocar dificultades y sufrimientos con el propósito de generar condiciones para intentar justificar una intervención militar contra nuestro país".

La misión de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra respondió en un comunicado a esas acusaciones diciendo que sólo son un intento de Caracas de desviar la atención de la "ruptura constitucional" en el país y de "la represión sostenida del régimen de Maduro a la disidencia política".

Queda por ver la reacción de los miembros del Consejo -que podrán hablar mañana- dada la solicitud de Zeid de establecer algún tipo de medidas de supervisión en Venezuela, que podrían ir desde el envío de expertos para monitorizar la situación hasta su suspensión como miembro del Consejo.

Una suspensión debe ser decidida por la Asamblea General de la ONU, pero el Consejo podría solicitarla argumentando que un Gobierno que comete crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo no puede ser garante de las leyes fundamentales.