Fernando Castañeda Cantillo, exmagistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, fue capturado ayer en Ciénaga (Magdalena), informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El exfuncionario judicial será presentado ante un juez de control de garantías por presuntas irregularidades en fallos de tutela, que habrían afectado el patrimonio de la estatal petrolera Ecopetrol.

Castañeda Cantillo, quien estaba prófugo de la justicia desde el pasado 2 de agosto, será trasladado a la capital del país, para ser presentado hoy ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

“La Fiscalía le imputará cargos por prevaricato por acción, peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir”, señaló el ente investigador.

La investigación en su contra tiene que ver con una serie de tutelas contrarias a la ley, falladas entre 2010 y 2011 en contra de Ecopetrol, por un valor aproximado de 130 mil millones de pesos y que posteriormente fueron revocadas por la Corte Constitucional, en el 2012.

Por estos hechos, el pasado 2 de agosto fue capturado e imputado también el magistrado de la Sala Laboral de Cúcuta, Félix María Galvis.

Uno más

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Cúcuta emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Samuel Darío Rodríguez Duarte, quien se desempeñaba como Juez Tercero Laboral.

El Tribunal, al condenar al juez por el cargo de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, ordenó su inmediata captura y anunció que en los próximos días dará a conocer el monto de la pena.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el juez Rodríguez Duarte habría decidido varios fallos de tutela que eran improcedentes y que según la sentencia, fueron contrarios a la ley, por cuanto no se cumplió en ninguno de los casos, con el requisito de inmediatez y subsidiariedad.

“Dentro de las tutelas, tachadas de improcedentes, se encuentran las de algunos extrabajadores de Ecopetrol que participaron en la huelga de 2004, a través de los cuales pidieron el reintegro y la liquidación de derechos laborales, pretensiones a las que accedió el juez en sus decisiones”, dijo la Fiscalía.

Otro caso tiene que ver con Hernando Hernández, expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO), en el que se ordenó a su favor el cómputo del periodo durante el cual estuvo privado de la libertad, para efectos de liquidar sus prestaciones sociales, pensión de jubilación y demás beneficios laborales convencionales, como la reliquidación de la pensión y el pago de las diferencias de dinero.