El gobierno de Donald Trump impuso el viernes sanciones financieras a Venezuela, entre ellas, una prohibición a los bancos estadounidenses para realizar transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera PDVSA.
  
El canciller venezolano Jorge Arreaza respondió desde Naciones Unidas y describió las sanciones como "la peor agresión" a su país en los últimos 200 años. 
  
"Tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance, en todos los ámbitos, para defender al pueblo de Venezuela y evitar que cualquiera de estas decisiones tenga efectos en las familias venezolanas", aseguró Arreaza durante una rueda de prensa después de reunirse con el Secretario General de la ONU, António Guterres. 
  
La Casa Blanca señaló en un comunicado que las sanciones "están calibradas cuidadosamente para retirarle a la dictadura de (Nicolás) Maduro una fuente crucial de financiación para mantener su régimen ilegítimo, proteger al sistema financiero estadounidense de la complicidad con la corrupción de Venezuela y el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la ayuda humanitaria". 
  
Un alto funcionario del gobierno dijo que se impondrían más sanciones si Maduro no cambia de rumbo y accede a frenar sus planes de reformar la constitución, liberar a presos políticos y realizar elecciones libres. 
  
Las medidas anticipan una escalada mayor de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y agravarían la crisis económica del país sudamericano, cuya economía petróleo-dependiente se contrajo alrededor de 35% desde 2014. 
  
Las nuevas medidas prohíben transacciones en bonos emitidos por el gobierno venezolano y su petrolera estatal. También impiden transacciones con ciertos bonos en poder del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de ese país. 
  
Sin embargo, reflejando la presión de la industria petrolera estadounidense, no interrumpen la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, que es crucial para ambas naciones. 
 
Desde la ONU, Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante el organismo internacional, dijo a periodistas que tras ver la dictadura que Maduro pretende crear a Estados Unidos no le quedó otra opción que imponer las sanciones. 
  
Hablando desde el mismo lugar en el que ella habló un par de horas antes, Arreaza destacó que Venezuela solicitará a la ONU que tome posición sobre "estas amenazas". Aseguró que especialistas de su país están estudiando la orden ejecutiva del viernes "para dar la respuesta y proteger a nuestro pueblo". 
  
Arreaza insistió en que Venezuela es una democracia que ha sido descrita falsa y maliciosamente por los medios de comunicación y por Washington y que su país siempre ha llamado al diálogo con Estados Unidos. Destacó además que varios países latinoamericanos se han unido a Venezuela a la hora de criticar las amenazas de incursión militar hechas recientemente por Estados Unidos. 
  
"Nosotros hemos conversado con cancilleres de países (latinoamericanos) que han expresado algunas diferencias en los últimos meses con Venezuela", dijo Arreaza. "Cada día están más conscientes, a pesar de la censura de los medios de comunicación... de la realidad venezolana, de la paz que trae a la patria venezolana la Asamblea Nacional Constituyente". 
  
El mes pasado, Washington advirtió que tomaría medidas económicas enérgicas si Maduro cumplía su plan de crear una Asamblea Constituyente formada por miembros leales al oficialismo. 
  
Desde la instauración de la Constituyente a principios de mes sus 545 delegados destituyeron a la fiscal general, le arrebataron el poder a la Asamblea Nacional dominada por la oposición y crearon una Comisión de la Verdad que muchos temen será utilizada para atacar a los opositores. 
  
Días atrás, Maduro advirtió que el gobierno de Trump preparaba un "bloqueo comercial, petrolero y financiero" similar al aplicado a Cuba desde hace décadas y que el objetivo era allanar el camino a una intervención militar. 
  
David Smilde, sociólogo de la Universidad Tulane y quien estudia Venezuela desde hace décadas, dijo que las sanciones probablemente fortalecerán a Maduro en el corto plazo. 
  
"Darán fundamento a su argumento de que Venezuela es blanco de una guerra económica", dijo Smilde. 
  
Pero dada la calma relativa que reina en las calles y el golpe que ha sufrido la oposición por su incapacidad de impedir la instauración de la Constituyente, las medidas de la comunidad internacional representan la mejor oportunidad para frenar a Maduro, añadió. 
  
El gobierno tiene dificultades para combatir la escasez e inflación mientras que la producción de petróleo ha caído a su nivel más bajo en más de dos décadas. Las sanciones, por leves que sean, acrecientan el riesgo de que Venezuela caiga en mora de los pagos de su deuda. 
  
El gobierno y PDVSA enfrentan vencimientos de deuda por alrededor de 4.000 millones de dólares este año pero hay apenas 9.700 millones en reservas internacionales disponibles, principalmente en lingotes de oro que son difíciles de trocar inmediatamente por dinero. 
  
Venezuela ha tomado medidas desesperadas para pagar sus vencimientos durante la crisis y el presidente culpa a sus enemigos por difundir rumores sobre una mora inminente.