Cinco de los 33 magistrados que fueron designados en julio pasado por la Asamblea Nacional de Venezuela para integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidieron salir de su país para evitar ser detenidos y hoy se encuentran en territorio colombiano, a la espera de que algún organismo internacional decida ofrecerles amparo, mientras se resuelve su situación.

Rafael Antonio Ortega Matos, suplente de la Sala Social; Gonzalo Oliveros Navarro, suplente de la Sala Civil; Gonzalo Álvarez Domínguez, magistrado principal de la Sala Civil; José Luis Rodríguez Piña, suplente de la Sala Político Administrativa,  y Rubén Carrillo Romero, suplente de la Sala de Casación Social, llegaron a Colombia bajo la condición de turistas, con el único propósito de proteger a sus familias.

Otros de sus compañeros que tomaron juramento el pasado 21 de julio y que un día después fueron acusados de usurpación de funciones y traición a la patria, también decidieron instalarse de manera temporal en otros países, pues no quisieron correr la suerte del magistrado Ángel Zerpa, quien se encuentra preso.

Ortega Matos aclaró que él y los demás magistrados no huyeron de Venezuela como lo señalaron en su país, sino que decidieron buscar protección, mientras es posible un rediseño del Tribunal Supremo de Justicia y del mismo sistema judicial venezolano, algo que detenidos no podrían conseguir.

Los funcionarios aseguraron que la condición en la que quedaron después de que se declarara ilegítima su designación, los obligó a buscar otros caminos, pues se quedaron sin el derecho a la defensa, sus cuentas y bienes fueron congelados, así como los trámites notariales, por lo que su capital se redujo a lo que tuvieran en el bolsillo.

“El 21 de julio, cuando nosotros nos estábamos juramentando, ordenan nuestra detención, pues aseguraron que estábamos cometiendo un delito de flagrancia permanente que no existe en la legislación”, señaló José Luis Rodríguez. 

“Somos apolíticos”

Gonzalo Oliveros Navarro, otro de los magistrados elegido por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, advirtió que su escogencia para ocupar las vacantes del Tribunal Supremo no obedeció a tintes políticos, pues ellos son autónomos e independientes.

Aseguró que la elección fue legítima y ajustada a los procedimientos que establecen la Constitución y la ley, respondiendo a la convocatoria que hizo la Asamblea. Esto, luego de que el mismo parlamento  revocara el nombramiento de los anteriores 33 magistrados, por considerar que fueron designados de manera irregular, ya que no se cumplió el debido proceso.

Los magistrados lamentaron que en Venezuela no exista la independencia de poderes.

Esperan volver

Aunque la situación en Venezuela cada vez parece más difícil y la incertidumbre arrecia por cuenta de las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional Constituyente, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia confían en regresar pronto a su país.

En su condición de turistas, los funcionarios judiciales tienen un plazo de tres meses para permanecer en Colombia, prorrogables por otros tres meses, tiempo en el cual aspiran a que su situación pueda ser resuelta y el panorama en Venezuela sea otro.

“Aspiraríamos a que dentro de esos seis meses que vamos a estar acá pudiéramos regresar y tomar posesión del cargo, pero en santa paz”, manifestó José Luis Rodríguez.

Mientras esto ocurre, trabajan desde los países en los que se encuentran por lograr las medidas de protección de algún organismo internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y Acnur, y de esta manera blindarse mientras están fuera de Venezuela.

Resumen de agencias