La vorágine de corrupción que  ha sacudido a Colombia en los tiempos recientes, lamentablemente es una evidencia más de que el respeto por lo público se perdió hace mucho tiempo.

Norte de Santander no ha sido ajeno   a estos fenómenos y sus funcionarios no escapan a los escándalos de toda índole que por estos días ocupan las primeras planas de las noticias.

Un caso reciente que involucra a dos funcionarios que ejercieron como jueces y luego como magistrados, puede considerarse como una excepción a esa regla a la que estamos acostumbrados, en la que la  impunidad y la ausencia de castigo ejemplarizante para quienes cometen delitos contra el erario público suele ser la constante.

El caso vincula a los exmagistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, Félix María  Galvis y Fernando Castañeda Cantillo. El primero acaba de ser capturado, después de un año de haber sido sancionado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y suspendido de sus funciones, por cuenta de fallos que emitió en los que benefició arbitrariamente a un trabajador de Ecopetrol.

Extralimitándose en sus funciones, determinó el monto que la petrolera estatal debía pagar al trabajador, estableciendo incluso la millonaria suma que debían cancelarle al empleado en caso de que no aceptara el reintegro.

En el caso de Castañeda Cantillo, su nombre hace parte de un carrusel que habría puesto en peligro millonarios recursos de Ecopetrol, por fallar más de 900 tutelas para reconocer pensiones, presuntamente ilegales.

Tanto Galvis como Castañeda hacían parte de una organización que involucra a jueces, abogados y operadores judiciales que se dedicaban a producir tutelas para favorecer intereses particulares.

No es la primera vez que la rama judicial se enfrenta a este tipo de escándalos; en los meses pasados una investigación adelantada por la judicatura terminó con la captura de una juez de Cúcuta que pedía sobornos  a cambio de gestionar decisiones judiciales, de engavetar procesos o de asignarlos estratégicamente a ciertos despachos.

La captura del exmagistrado Galvis, la orden de captura contra Castañeda Cantillo y la diligencia de la Fiscalía para concretar el caso que estaba desde hace tiempo en conocimiento de las autoridades, es una señal de que la justicia cojea, pero llega. Finalmente, el hecho de que hayan condenado a Ecopetrol a pagar injustamente 1,3 billones de pesos, constituye un enorme desfalco a una empresa estatal que de haberlos tenido que pagar, hubiera puesto en riesgo su estabilidad y sus finanzas.

Para los dos exmagistrados, así como para los cientos de funcionarios públicos que a diario incurren en actos de corrupción, las condenas que se les impogan deben ser contundentes, ejemplarizantes e idealmente, deben concluir con la suspensión definitiva de sus funciones.

Permitir que quienes hayan manipulado la justicia para favorecer a terceros paguen condena y regresen a ejercer en el mismo ámbito, es permitir que el círculo vicioso de la corrupción y el favorecimiento se sigan repitiendo.

De alguna manera, en Colombia se tiene que encontrar el camino para romper con las dinámicas ya conocidas y a diario denunciadas; la renovación de las élites políticas, judiciales, económicas y estamentales es imprescindible para empezar a generar un cambio, que, de la mano del endurecimiento de las penas y el fin de la permisividad, terminen por devolverla a los ciudadanos la fe en los funcionarios públicos; la fe en un país que hoy ven inviable.