Después de años de sufrimiento, de un dolor que se mantiene vivo, y para muchos de una larga espera, 42 familias de Norte de Santander que fueron víctimas del conflicto armado recibieron su indemnización por el daño causado.

Anyie  Karime Soto, una mujer de 31 años que fue  desplazada en 2002 junto con su familia de la vereda Llano Grande, en Tibú, fue una de las beneficiadas con las cartas-cheque, mediante las cuales el Estado busca compensar parte de las afectaciones de aquellos que padecieron los rigores de la guerra.

Con los recursos recibidos, Soto aspira convertirse en una modista satélite de una microempresa que confecciona ropa infantil y para ello ya tiene proyectado comprar una máquina de coser plana y una fileteadora. 

Sus planes a futuro son tener su propio negocio y convertirse en una confeccionista  que produzca al por mayor.

 “Llevo más de cinco años trabajando en talleres, ya sé cómo es el negocio. Ahora quiero seguir, pero independiente, es decir, voy a seguir cosiendo, pero desde mi casa. Eso es lo que me permitirán las máquinas que compraré con el dinero de la indemnización”, aseguró.

Aunque en esta oportunidad estaban listas para ser entregadas 62 cartas de indemnización, a la convocatoria hecha por la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander solo acudieron 42 beneficiados, las cuales suman $288 millones aproximadamente.

Nancy Sana, profesional de la Dirección Territorial  de Víctimas, encargada del proceso, manifestó que las otras 20 cartas quedan en manos del operador para que los beneficiados las reclamen hasta el 4 de agosto.

Con casa propia

De otra parte, la Unidad para la Restitución de Tierras en el departamento informó que tres familias que fueron víctimas de desplazamiento y despojo recibieron las escrituras públicas de su nuevo hogar, al ser beneficiadas con la medida de compensación que garantiza la Ley 1448.

En los tres casos, el grupo Fondo de la entidad gubernamental, invirtió más de $170 millones para finiquitar la adquisición de las viviendas, las cuales  fueron escogidas por cada uno de los beneficiarios de las sentencias, en los sectores que ellos consideraron más acordes a las necesidades de sus familias.  

“En hora buena se entregan estos tres predios urbanos, consolidando la política de restitución de tierras, con una lógica de reconciliación. Una lógica de la paz que en últimas es el bienestar de la comunidad en general”, manifestó Edward Álvarez Tafur, director de la Unidad de Restitución en Norte de Santander.

A la fecha, en el departamento ya han sido pagados cerca de $1.170 millones por concepto de compensaciones, ordenadas por los jueces especializados de restitución de tierras, quienes han emitido 76 sentencias con las que han sido solucionados más de 120 casos en diferentes municipios de la región.