El Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños sufridos a tres fincas en el municipio de Abriaquí, Antioquia, y el robo de ganado a su propietario por parte de las Farc en octubre de 1998. 

Se trata de las fincas ‘Caná, ‘La Linda’ y ‘San Esteban’ de propiedad de una sola persona, quien tuvo que enfrentar en abril y octubre de ese año, el ingreso ilegal de integrantes del Frente 34 de las Farc, que le robaron 50 cabezas de ganado y le dañaron las instalaciones con dinamita.

La Sección Tercera acreditó los hechos, resaltó que para esa época no había presencia de la Fuerza Pública en la región y reseña que entre 1996 a 2000, la zona del occidente antioqueño, dentro de la cual está comprendido el municipio de Abriaquí, experimentó un escalamiento del conflicto, con mayor presencia de la guerrilla de las Farc y crecimiento de los grupos de autodefensa.

“En el caso concreto, observa la Sala que tanto el Ejército como la Policía tenían –o debían tener– conocimiento de la delicada situación de orden público que se vivía en el municipio de Abriaquí; y que, además, la ausencia de dichos cuerpos de seguridad en la zona, que es una situación que se prolongó por varios años, es una protuberante falla del servicio que facilitó el actuar del grupo guerrillero que el 14 de octubre de 1998 y el 23 de julio de 1999 incursionó en las fincas ‘San Esteban’ y ‘Las Delicias’, destruyó la casa que había en las mismas con todos sus enseres y hurtó el ganado que componía el hato lechero a cuya cría se dedicaban las unidades agrícolas”, dice el fallo.

De acuerdo con la Sección, la Fuerza Pública tenía el deber de proteger la comunidad y que durante dichos años se dejó a la población civil a merced de los grupos ilegales que se disputaban el control de la región.

El Consejo de Estado también condenó a la Nación por la detención a la que se vieron sometidos tres integrantes del Ejército involucrados por la desaparición, tortura y muerte de la militante del M-19 Nydia Erika Bautista, en hechos ocurridos el 30 de agosto de 1987.

Se trata de los suboficiales Julio Roberto Ortega, Luis Guillermo Hernández y Mauricio Angarita, quienes fueron vinculados por la Fiscalía General y detenidos por una medida de aseguramiento durante un lapso de cuatro y seis meses en 1996. No obstante, el 20 de enero de 2004, la Fiscalía les precluyó la investigación.