El Congreso debe tomar en cuenta lo que conviene a los colombianos y obrar de manera consecuente.
Una etapa final decisiva
El período de cuatro años de los congresistas de Colombia elegidos en 2014 entró ayer en su etapa final.
Y en esta última legislatura están pendientes de trámite y aprobación proyectos de la mayor importancia relacionados con la implementación del acuerdo de paz pactado entre el Gobierno y las Farc, así como otras iniciativas para la solución de crónicos problemas que tan negativamente inciden en la vida de la nación.
El proceso de paz en el país, visto con tan especial interés por la comunidad internacional, a diferencia del desdén con que lo asumen sectores opositores internos, debe merecer toda la atención del Congreso, a fin de que se aprueben las disposiciones que todavía faltan.
Nada debe quedar semejante a un cabo suelto.
Este hecho histórico tiene que consolidarse con profundidad para superar los desajustes que tantas frustraciones causaron o han permitido la repetición de situaciones desastrosas.
La entrega de armas por parte de las Farc es una decisión que debe alentar a todos los sectores de la nación a respaldar ese gesto porque es un paso decisivo en el compromiso de quitarle a la política la perturbación de la violencia y asumirla como un ejercicio democrático, que permite el debate de las ideas entre contrarios sin incurrir en el uso de la fuerza.
Corresponde a los congresistas obrar de cara a tan estimulante perspectiva.
Los partidos que se agruparon como Unidad Nacional para respaldar las políticas del presidente Juan Manuel Santos orientadas a sacar adelante los acuerdos con los las organizaciones insurgentes, no deben retroceder sino completar su trabajo legislativo en el Congreso, sin dejarse arrinconar de las estrategias obstruccionistas de los que se oponen a las negociaciones de paz y quieren mantener a Colombia en la vertiente torrencial del conflicto, sin importarles los desgarradores sufrimientos de las víctimas y las abrumadoras pérdidas que representa para todos una guerra con sus recurrentes atrocidades.
El Congreso debe tomar en cuenta lo que conviene a los colombianos y obrar de manera consecuente.
Le corresponde demostrar que sus decisiones no son producto del halago de ningún tipo de mermelada sino de la responsabilidad de fortalecer la democracia en Colombia, contra todas las corrientes que quisieran imponer los paraísos de los privilegios excluyentes.
Esta última etapa del cuatrienio del Congreso hay que aprovecharla de la mejor manara, con legislación que responda a las necesidades reconocidas.
Está el flagelo de la corrupción ante el cual el Congreso no puede ser indiferente. Hay que hacerle frente a ese monstruo y sacarlo del entorno del país. Pero lo que sirve es su extinción a fin que nunca más se repita su poder.
Ante todo lo que demanda soluciones efectivas el Congreso debe proceder sin marrullas. No se pueden seguir aplazando soluciones que pasan por disposiciones que deben ser expedidas por el Congreso. Es de su función y debe hacerlo con acierto.
La paz, el fortalecimiento de la democracia, los correctivos a tantas situaciones perturbadoras, merecen la atención del Congreso y en esta legislatura de final de período se puede aportar mucho, pero hay que hacerlo con el ánimo que implica asumir retos que hacen parte del manejo de un Estado.
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