La elegancia y seriedad que caracterizaron a Óscar Naranjo cuando vistió el uniforme de la Policía Nacional no las pierde, por el contrario, le  siguen acompañando ahora en su labor de vicepresidente de la República, un cargo en el que ya habla con propiedad, aun cuando muchos de los temas son políticos.

Su llegada al Gobierno generó gran expectativa y hasta el momento ha tenido que hacerle frente a grandes retos, especialmente relacionados con el acuerdo de paz con las Farc.

Sin embargo, en la larga lista de pendientes que recibió al aceptar la tarea de acompañar al presidente Juan Manuel Santos, el general Naranjo suma también otros temas que en su carrera como director de la Policía tuvo que liderar: la lucha contra las drogas, la inseguridad y el combate a las bandas delincuenciales.

Sobre el panorama que afronta hoy el país en medio de la transición hacia la paz y sus primeros meses como vicepresidente habló Naranjo.

Conocidas las cifras sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país, ¿está seguro de que el plan que tiene el Gobierno para reducirlos es el adecuado?

Definitivamente sí. Este informe se presenta por primera vez, desde 1999, en un país sin conflicto armado con las Farc, la variable estructural que impidió en el pasado eliminar los cultivos ilícitos. Hoy sin ese conflicto estamos seguros de que podemos avanzar con una estrategia que tiene dos grandes componentes: sustitución voluntaria de 50 mil hectáreas y erradicación forzosa de otras 50 mil. Pero el énfasis nuestro desde el primero de enero de este año es que no haya resiembra.

¿Este plan podrá llevar a que en el corto plazo los cultivos ilícitos se reduzcan a niveles históricos de menos de 60 mil hectáreas?

La meta de este año es ambiciosa. Uno no puede ser triunfalista y pensar que no va a haber resiembra. Estamos pensando en intervenir 100 mil hectáreas y esperamos reducir de forma importante las 146 mil reportadas. Estimamos que ese trabajo sostenido con cultivos legales, cambiando los arbustos de coca, hará realmente posible presentar rápidamente unos cambios de tendencia. De hecho, le estamos pidiendo a Naciones Unidas que el Simci no solo haga un reporte anual, sino que nos desarrolle informes interanuales para ir midiendo esas tendencias y no llevarnos sorpresas más adelante.

¿Cree que este nuevo plan va a ser mucho más exitoso que los que se plantearon en el pasado, en donde los resultados no fueron los esperados?

En el pasado la sustitución no tuvo éxito por la existencia del conflicto armado. Realmente llevar cultivos legales a zonas de altísima confrontación con las Farc hacía imposible que hubiese un encadenamiento productivo sostenible. Hoy hay tres elementos que son inéditos: por primera vez en la historia de la lucha contra los cultivos ilícitos, 86.000 familias han firmado 40 acuerdos voluntarios de sustitución. Segundo, tenemos una Fuerza Pública que tiene unas capacidades al servicio del control territorial y por lo tanto, esto garantiza presencia permanente e integral del Estado en esas zonas. Tercero, nos estamos preparando para poner en marcha los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son realmente una capacidad nueva y multiplicadora de la oferta que tiene el Estado para esas zonas.

Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es otro de los grandes pendientes en el país. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto?

Lo primero que hemos hecho es reconocer que los requerimientos de los ciudadanos en materia de seguridad han cambiado. En el pasado nos exigían resultados para eliminar el secuestro, combatir la extorsión y para disminuir la violencia. Hoy el secuestro está en su piso histórico; el homicidio tiene la mejor tasa desde hace 42 años y estamos en un nivel de violencia disminuyendo de forma importante. Pero hay delitos como el hurto, el robo, que están impactando mucho a las comunidades. En ese sentido, estamos acercando las autoridades a los ciudadanos, reconstruyendo la confianza en la autoridad y el sistema de justicia y se trabaja en intervenir los focos delictuales que se identifican en las ciudades.

¿Y qué están haciendo frente a la situación de los líderes sociales?

El asesinato de líderes tuvo su pico más importante entre noviembre pasado y marzo de este año. Ahí hubo una tendencia preocupante,  pero desde marzo cambió y está disminuyendo. No estamos satisfechos con esa disminución, pero hay que decir que para dar garantías de seguridad a esos líderes y las comunidades, se han puesto en marcha tres instrumentos muy poderosos: se lanzó el cuerpo élite de la Policía para enfrentar las estructuras criminales en las zonas que abandonaron las Farc; se pusieron en marcha dos planes piloto en Tumaco y Buenaventura; y se reformuló la ‘Operación Agamenón’, para lograr el sometimiento de los cabecillas del llamado Clan del Golfo.

La seguridad de los desmovilizados también preocupa, pues ya han asesinado a algunos, ¿qué están haciendo al respecto?

Desde noviembre hasta hoy se han registrado seis casos de integrantes de las Farc asesinados. En algunos casos se trata de milicianos que no están hoy sujetos a un sistema de protección porque hicieron su registro en la zona veredal y regresaron al municipio de origen. Los seis casos tienen motivaciones distintas, pero nos preocupa que se estén presentando y aquí el reto es no permitir que siga esa tendencia.

Acuerdo de paz

¿Qué le preocupa del proceso de reincorporación?

El país duró 53 años en conflicto y llevamos siete meses de posconflicto. En este tiempo, si bien se quisiera que se avanzara más rápido, se han hecho cosas importantes que hacen que la paz y su implementación sean irreversibles. Tampoco hay que olvidar que hemos trabajado en la oferta institucional de reincorporación y se ha avanzado en la constitución de una organización de desminado que integraría a algunas de estas personas. Se aspira a que cerca de mil de ellos, en su nueva vida, se dediquen al desminado.

¿En qué más sectores aspiran  reincorporar a los excombatientes?

Se ha buscado que tengan posibilidades laborales en temas relacionados con el medio ambiente, que sean gestores y promotores de la sustitución de cultivos. Por otro lado, en este momento hay 313 miembros de las Farc que ya están certificados y están adelantando el curso de protección para irse a trabajar a órdenes de la subdirección especializada de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional.

¿Cumplirán prontamente con el proceso de amnistías?

Confío en que habrá una solución definitiva pronto; confío en lo hecho, que es inédito, porque este tipo de amnistías en el pasado se surtieron con un trámite administrativo del Ejecutivo, pero acá, en busca de transparencia y seguridad jurídica, se recurrió a los jueces de penas para que ellos avancen en ese proceso. No obstante, los tiempos de la justicia no son los tiempos del Ejecutivo y eso ha demandado tener paciencia y comprensión. Aún así, el Gobierno reitera su palabra de cumplimiento a las Farc.

¿Cómo ve la reglamentación de la JEP?

El país tiene que recurrir a un modelo de justicia transicional como el previsto, para cerrar un conflicto muy intenso. Ese modelo es integral y tiene un valor específico. A la JEP debemos darle la oportunidad de que comience a funcionar porque actuar sobre supuestos no nos va a permitir conclusiones certeras.

El presidente Santos dijo que hay algunos aspectos del acuerdo de paz que no le gustaron. ¿A  usted, que hizo parte de la negociación, qué no le gustó?

Respeto mucho al presidente y a los colombianos en función a la valoración que hacen del acuerdo, pero tengo que decir que para mí este es un acuerdo que ha sido eficaz para parar la guerra. El cese bilateral y definitivo se cumplió y este es un acuerdo que crea un marco de oportunidades para transformar realidades que facilitaron el conflicto en ocasiones anteriores. Es probable que haya distintos sentimientos alrededor del acuerdo, pero soy uno de los que he dicho que para alcanzar la paz no hay que tener un contador de sapos sino de oportunidades.

Visita del papa Francisco

A usted le correspondió estar al frente de la visita del papa Francisco a Colombia, ¿cómo va esa tarea?

En la Vicepresidencia hemos entrado, a partir de esta semana, en lo que hemos llamado ‘modo papa’, porque estaremos haciendo una microgerencia para que el minuto a minuto de esa visita le permita a Colombia lucirse ante el mundo, pero también para que esa visita le permita a los colombianos hacer un pare en el camino y, alrededor del papa, buscar caminos de reconciliación.

¿Se podría politizar esta visita?

Sería un error politizar la visita de su Santidad; sería un error no ver que aquí hay una oportunidad para sanar heridas, para reconciliar, para encontrarnos. Sería un error querer utilizar esa visita con otros fines.