La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con el presidente Nicolás Maduro, aseguró que no teme someterse al detector de mentiras como pidió el máximo tribunal, que evalúa enjuiciarla y eventualmente destituirla.

"No tengo ningún temor de someterme a la prueba del polígrafo, pero no puedo hacerlo si esa prueba es dirigida por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ilegítimo, cuyo poder no reconozco", expresó en un video que compartió en Twitter. 

Ortega afirmó que el polígrafo está tan cuestionado "como la tortura", porque viola "los derechos humanos, el debido proceso y la dignidad de las personas". 

Sin embargo, aclaró que está dispuesta a pasar por el detector de mentiras si el TSJ reconoce que esa prueba viola los derechos humanos y se compromete a no realizarla de nuevo. 

"Estoy dispuesta a sacrificar mi propio derecho para proteger al resto del país a semejante abuso de poder", añadió. 

La corte, acusada de servir al gobierno de Nicolás Maduro, citó a la funcionaria para someterla a la prueba el próximo lunes en la policía científica (CICPC), como parte del proceso para decidir si le realiza un juicio por supuestamente haber mentido al afirmar que no aprobó la selección de 33 magistrados.

El diputado oficialista Pedro Carreño fue quien solicitó enjuiciarla y destituirla. 

La fiscal asegura que nunca firmó el acta de selección de esos magistrados, que finalmente fueron designados por el Parlamento en diciembre de 2015, cuando el chavismo aún lo controlaba.

Ortega considera que el proceso en su contra se ha vuelto una "persecución penal", pues el TSJ le prohibió salir del país y le congeló sus bienes.  

La funcionaria se distanció de Maduro hace tres meses y medio, tras denunciar una "ruptura del orden constitucional" por decisiones del TSJ que socavaron las competencias del Legislativo, hoy de mayoría opositora.

Desde entonces comenzó una ola de protestas opositoras que exigen la salida del mandatario y que dejan hasta ahora 95 muertos.

La fiscal se ha convertido en férrea adversaria de Maduro, oponiéndose a la Asamblea Constituyente convocada por el mandatario para reformar la Carta Magna por considerar que atenta contra la democracia.