Los abogados de varios de los nueve detenidos por el atentado terrorista del pasado 17 de junio contra el Centro Comercial Andino, anunciaron que pedirán una veeduría internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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En un extenso comunicado, los juristas rechazan declaraciones del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y del director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, sobre la supuesta responsabilidad de sus clientes, y les exigen una rectificación pública.

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También rechazan las "filtraciones" que han hecho las autoridades judiciales sobre piezas procesales que deben ser reservadas, los supuestos seguimientos a varias familias, y le piden a la Procuraduría General y a la Judicatura investigar ese tipo de actuaciones.

El siguiente es el texto del comunicado.

Comunicado a la opinión pública

Los y las abogadas defensoras de confianza de LINA, ALEJANDRA, LIZETH, NATALIA, IVÁN, CESAR, JUAN CAMILO, BORIS y ANDRÉS, capturados el pasado 24 de junio, nos permitimos hacer una SOLICITUD PÚBLICA a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Rechazamos los pronunciamientos públicos realizados por el Comandante de la Policía Nacional, General Jorge Nieto Rojas, y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, poniendo en cuestión decisiones judiciales y afirmando de manera calumniosa:

(a) la pertenencia de nuestros defendidos al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-; y (b) la autoría de esta organización, y en extensión de todos los capturados, en los lamentables hechos ocurridos en el Centro Comercial Andino.

En un solo acto se vulneraron múltiples principios y garantías constitucionales, entre ellas la independencia judicial, el debido proceso, la honra y la presunción de inocencia.

2. Condenamos la deslealtad procesal de la Policía Nacional y la Fiscalía General, al haber filtrado a los medios de comunicación elementos de prueba cobijados con el manto de reserva y que se hicieron públicos incluso antes de haberlos conocido como abogados defensores en el curso del proceso.

Su difusión descontextualizada se ha prestado para todo tipo de especulaciones y falsedades sobre la responsabilidad de nuestros defendidos, generando un clima de animadversión hacia ellos y de condena anticipada, que presiona indebidamente las decisiones que habrán de tomar los funcionarios judiciales y que pone en riesgo su vida e integridad y la de sus allegados.

3. Compartimos la denuncia penal y disciplinaria que se elevará ante las autoridades respectivas por la detención arbitraria de la que fue objeto IVÁN DARÍO RAMÍREZ, quien fuera detenido el 24 de junio del presente año sobre las cuatro (4) de la tarde mientras se transportaba en un bus de transporte urbano.

Estuvo bajo custodia de la Policía durante varias horas, y fue trasladado a la Estación de Policía de Usme, a la estación de la SIJIN, entre otros, para ser finalmente conducido a su residencia familiar, lugar en donde se adelantó un allanamiento y sólo hasta las 2:30 de la madrugada del 25 de junio es capturado formalmente.

Sorprendentemente, la Fiscalía al solicitar la legalidad del allanamiento y captura, afirmó que IVÁN DARÍO fue encontrado en su casa al momento del allanamiento y fue capturado en flagrancia por los elementos de prueba incautados, incurriendo así en una gravísima falsedad. Por fortuna, sus familiares tuvieron conocimiento oportuno de su detención y fueron testigos de su arribo a la casa en manos de los policiales con anterioridad al allanamiento, de lo cual quedó registro fotográfico y fílmico que será igualmente entregado a las autoridades.

4. De la misma manera, se denunciarán penal y disciplinariamente los hostigamientos que ha recibido la familia de IVÁN DARÍO RAMÍREZ con posterioridad a su puesta en libertad, al haber sido declarada ilegal la captura por el sinfín de irregularidades ya anotadas.

En la noche del 26 de junio, mientras se movilizaban en un carro personal los padres, hermano, novia y un sobrino de 7 años de edad de IVÁN DARÍO, fueron primero seguidos por un vehículo presuntamente de la SIJIN y luego interceptados por 2 unidades de la Policía Nacional, siendo intimidados con arma de fuego, requeridos por su identificación y documentos de identidad e interrogados de manera intimidante, para posteriormente proceder a registrar el carro. Esta situación comportó un shock nervioso de la madre de IVÁN DARÍO y del sobrino menor de edad.

En consecuencia, SOLICITAMOS:

1. Al Comandante de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, que rectifiquen sus afirmaciones temerarias y calumniosas, y respeten las garantías constitucionales de las 9 personas procesadas.

2. A la Fiscalía General y a la Policía Nacional - SIJIN, que cesen de manera inmediata las filtraciones de información reservada.

3. A la Comunidad Internacional y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, que hagan veeduría inmediata sobre el proceso judicial.

4. Al Ministerio Público; Procuraduría y Defensoría, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; a Derechos Humanos de Policía Nacional, y a las demás autoridades involucradas, la adopción de medidas para garantizar la vida e integridad personal de todos nuestros defendidos, en especial de IVÁN DARÍO RAMÍREZ, su familia y allegados.

5. A las autoridades judiciales y a la Procuraduría General de la Nación, que se investigue con celeridad y eficacia los hechos denunciados que fueran cometidos por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y que pueden configurar privación ilegal de la libertad, falsedad en documento público, seguimiento ilegal, entre otros.