Para muchos, lo sucedido el pasado martes 27 de junio cuando la ONU certificó la entrega de 7.132 armas de las Farc, llegando al ciento por ciento del desarme de esa guerrilla, fue un hecho histórico. “El país en este momento atraviesa una nueva era”, dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en Mesetas (Meta); “adiós a la armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”, señaló por su parte el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez.

A pesar de ese anuncio, bien recibido por la comunidad internacional y buena parte del país, muchas son las preocupaciones que quedan sobre cuál será el comportamiento de la violencia en el futuro inmediato, esto debido a la presencia de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el clan del Golfo, las disidencias de las Farc, Los Pelusos (en Norte de Santander) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp).

Según cálculos no oficiales, estos grupos totalizarían poco más de 4.000 integrantes, contra los cuales debe enfilar sus estrategias el Estado, dura lucha si se tiene presente que en la mayoría de los casos sus economías se sustentan en el narcotráfico.

De acuerdo con el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), actualmente en negociaciones y con un cese al fuego en ciernes, tiene alrededor de 2.000 militantes, quienes se ubican en regiones como Arauca, Cauca, Bolívar, Chocó y el Catatumbo (Norte de Santander), siendo estas dos últimas regiones en las que mayor presencia tienen. 

Muestra de ello son el paro armado del que se habló hace unos meses en Chocó o los sonados secuestros de varios periodistas en el Catatumbo, como los holandeses, recién liberados, o el de Salud Hernández y los comunicadores de RCN. El accionar en estas y otras regiones se ha caracterizado por actos delictivos contra la fuerza pública, la población civil y la infraestructura petrolera.

Sobre el Clan del Golfo, el propio Villegas señaló en la rendición de cuentas realizada hace unas semanas en la Quinta de San Pedro Alejandrino, que según los datos que se manejan desde inteligencia este grupo estaría conformado por unos 1.800 militantes.

A dicha organización se le adjudican atentados contra la fuerza pública, entre ellos el denominado ‘Plan Pistola’, que consiste en atentar contra uniformados de la Policía Nacional. En este caso, se reportaron 12 agentes asesinados, además de 8 civiles.

Según Ariel Ávila, subdirector de  la Fundación Paz y Reconciliación, y experto en temas de seguridad, este grupo al margen de la ley tiene presencia en todo el territorio nacional; sin embargo, en el lugar en que más se ha dado su influencia es en Antioquia, siendo el combustible de esta organización las extorsiones y el narcotráfico.

Las disidencias de las Farc son claramente otra de las amenazas para la población civil y la fuerza pública. De acuerdo con versiones oficiales, los exmilitantes de las Farc que le dieron la espalda al proceso de paz suman alrededor de 300, quienes se encuentran ubicados en Guaviare, Meta y Caquetá, y tras abandonar al grupo guerrillero, tomarían un rumbo delictivo financiado por el secuestro y el narcotráfico.

Sobre el Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), reconocido por el atentado al Centro Comercial Andino en el norte de la capital del país, donde tres mujeres murieron y ocho personas más resultaron heridas, se ha dicho que el proceder de este grupo son las acciones urbanas, muchas de ellas cometidas en la capital de la República y otras ciudades como Pereira, donde han atacado con elementos de bajo poder oficinas de Cafesalud, del Banco de Bogotá y la Dian, entre otros.

Estrategias para combatirlos

Con las Farc fuera del escenario de la guerra, analistas consideran que las estrategias deben trazarse para evitar que las acciones de estos grupos opaquen lo logrado en seis años de diálogos con este grupo guerrillero.

Al respecto, el politólogo León Valencia considera que tras la desmovilización de las Farc esta es la “oportunidad de oro” para buscar el fin del conflicto armado en Colombia. “El gobierno tendría que armar una estrategia más compleja para responder a todos los actos de violencia que aún existen en al país”, precisa Valencia, quien asegura que en el caso específico del Eln “ya se habla de un cese bilateral con el Gobierno. Eso pondría un alto en el tema de violencia en Colombia ya que las dos guerrillas se están acabando, una ya está desarmada y la otra está en proceso”.

Sin embargo, Valencia opina que para el resto de bandas criminales, entre ellas el Clan del Golfo, se debe crear una hoja de ruta que debe empezar por el sometimiento a la justicia de todos los sectores criminales. Frente a las disidencias de las Farc, Valencia cree que “no hay que dejarlas coger vuelo”, y evitar que se dé una alianza o apoyo desde los desmovilizados de las Farc. Por ello recomienda que se realice un seguimiento de los exsubversivos para que estos militantes se acojan a la justicia colombiana y se reintegren a la vida social.

Para el analista Jhon Marulanda no es necesario que la fuerza pública realice grandes despliegues en las zonas dejadas por las Farc, pero sí aclara que lo que debe darse allí es la presencia del Estado. “Mandar tropas o policías es una pequeña solución a un problema más serio, que es la ausencia del Estado en esos lugares”.

Según Marulanda, es importante que “el Estado colombiano se comprometa a combatir el narcotráfico desde su raíz, pues es este la espina dorsal de todos los problemas de seguridad que hay en Colombia”.

A criterio de Marulanda, quien señala que el problema de seguridad radica en atacar el narcotráfico, se suma el general (r) Néstor Ramírez, para quien el tráfico de drogas es el generador de todas las violencias en Colombia. Para este experto, la solución debe presentarse en “separar a la población civil de la siembra de cultivos de coca, de esta manera se estarían desarticulando las bandas que alimentan el narcotráfico”.

Y de cara a los ataques urbanos, el general (r) precisa que estas acciones no deben darse solo por parte de la fuerza pública, sino también desde los gobiernos locales. “Los alcaldes deben contar con el apoyo de la Policía, pero deben ser los elegidos por la ciudadanía quienes velen por su seguridad”.

En la otra orilla se ubica el analista Ariel Ávila, para quien la seguridad se debe atacar haciendo inteligencia en las zonas del país donde se ha concentrado el conflicto armado. Según Ávila, no es preciso mencionar que solo el narcotráfico sea el responsable de la inseguridad en el territorio colombiano. “El narcotráfico no es la única economía ilegal, ya que también hay rutas de contrabando. De esta manera sí se combatiría la criminalidad”, precisa el analista.

La diferencia de criterios radica en las propuestas para la erradicación total del narcotráfico, pues en concepto de Ávila “miles de campesinos serían echados a la miseria, ya que ellos viven de esa actividad, por lo cual, además de dedicarnos a erradicar los cultivos ilícitos, se debe atacar a quienes lavan dinero”, argumentó.