La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra los directivos brasileños de la firma Odebrecht en Colombia, para que respondan por las presuntas irregularidades que se habrían cometido al ofrecer coimas para ganar licitaciones públicas de infraestructura en nuestro país.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, esas personas “estaban manejando recursos públicos del Estado colombiano. Entonces que no nos vengan a crear inmunidades de ninguna naturaleza para decir que ahí no puede entrar la Procuraduría, cuando están comprometidos los recursos públicos y el patrimonio público de los colombianos”.

Carrillo dijo que no cederá en la lucha contra la corrupción, y que para poder investigar no solo a las personas naturales posiblemente comprometidas en ese escándalo, sino también a las personas jurídicas extranjeras, el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que le dé esas facultades a la Procuraduría y a la Fiscalía.

“Estoy seguro que es muy importante que aquí no únicamente se procese disciplinariamente a los funcionarios públicos sino también a los privados que han hecho de las suyas con los recursos públicos de los colombianos”, agregó.

En ese sentido, el Procurador General dijo que “es importante” que ese mismo despacho en Brasil “levante la reserva” que mantiene sobre varios directivos de Odebrecht que están siendo investigados en ese país por hechos similares en otros países.

Según trascendió, los ejecutivos investigados por la Procuraduría son Eder Palacio Ferracuti, representante legal del Concesionario Ruta del Sol S.A.S.; Paulo Roberto Marcal Terreri y Carlos Berardo Zaeyen, representante legal del Consorcio para la Prosperidad.

Aceptan impedimento del Fiscal

La Corte Suprema de Justicia aceptó una solicitud de impedimento que había presentado el fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, para conocer de la investigación contra la exministra Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa por el caso Odebrecht.

Esa investigación hace referencia a un presunto conflicto de intereses de las dos exfuncionarias en la adjudicación en 2009 de tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, pues, al parecer, con esa adjudicación se beneficiarían algunos de sus allegados.

Por ello, un grupo de congresistas del Centro Democrático había denunciado ante la Corte a las dos exministras por supuesto tráfico de influencias y éstas -a su vez- respondieron con una denuncia penal por calumnia.

La Corte aceptó el impedimento solicitado por Martínez Neira, por cuanto en 2012 su entonces compañía de abogados había emitido un concepto jurídico sobre la viabilidad del contrato.