La Policía Nacional deberá explicar a la Contraloría General de la República las posibles inconsistencias que se habrían dado en el contrato mediante el cual la Dirección de Tránsito y Transporte adquirió por $1.190 millones equipos de reconocimiento para la seguridad vial, incluyendo drones, que aunque se cancelaron en su totalidad y fueron recibidos a satisfacción no han podido ser utilizados por fallas en especificaciones técnicas al momento de ponerse en operación.

El contrato de compraventa fue suscrito en 2015 con la Unión Temporal MNI para la adquisición de los Centros de Comando y Control Móviles con Sistemas de Reconocimiento Remoto para la Seguridad Vial, con el cual se pretendía aumentar la cobertura de control policial y mejorar el tiempo de reacción de la autoridad frente a hechos delictivos o de accidentalidad que afectarán la movilidad.

También se buscaba mejorar el monitoreo y el análisis en tiempo real de situaciones de emergencia y movilidad que se presenta, tanto para conductores,  transeúntes, pasajeros y habitantes de los corredores  circunvecinos a las carreteras.

El Sistema se compone de dos vehículos, dos sistemas de reconocimiento remoto con sus accesorios y baterías, dos rack, dos plantas eléctricas, cuatro pantallas de visualización, Smart tv, dos computadores portátiles, módems para automoción, CCTV (Indoor/outdoor) y 2 Nvr de 1 Tera.

Para la Contraloría, dado que a la fecha no se encuentra en funcionamiento el Sistema de Reconocimiento Remoto, se considera ineficaz el manejo de los recursos públicos y se ve comprometido  el interés general.