La crisis política se agudiza en Brasil. El presidente Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción, ordenó este miércoles el despliegue del ejército en la capital ante una protesta masiva en su contra que acabó con violentos desmanes frente a ministerios.

Los manifestantes causaron destrozos en edificios públicos y provocaron incendios, sobrepasando la acción policial, en otra jornada negra para el gobierno de Temer que aparece cada vez más aislado y con su base de apoyo fragilizada. 

"En este momento ya hay tropas federales aquí, en el palacio de Itamaraty [sede de la cancillería], y ya están llegando tropas para asegurar la protección de los edificios ministeriales", anunció por la tarde el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

El gobierno dijo que algunos manifestantes pusieron en riesgo la vida de empleados públicos al atacar con piedras y palos varios ministerios. Y remarcó que la orden -vigente hasta el próximo día 31 y que implica el despliegue de 1.500 militares- había sido tomada por el presidente, que lucha por su supervivencia política desde hace una semana.

La decisión suele tomarse para apoyar a la policía en momentos de seguridad crítica o en grandes eventos como los Juegos Olímpicos, pero es sensible en un país que vivió bajo la dictadura militar entre 1964 y 1985. 

"Es una medida extrema del gobierno Temer y la señal clara de que se perdió el control, con consecuencias muy malas para nuestra democracia", dijo André Cesar, analista de la consultora Hold, en Brasilia.

En la misma línea, pero en un tono más moderado, se posicionó el senador Tasso Jereissati, del PSDB (centro-derecha), principal fuerza aliada a Temer.

"Para quienes vivimos la dictadura, la presencia militar es siempre una cosa que nos asusta", dijo el legislador, uno de los nombres citados para una eventual sucesión.

"Escena de guerra"

Bajo el grito unánime de "Fora Temer", la manifestación convocada por la izquierda y los sindicatos congregó entre 35.000 y 100.000 personas -según las autoridades y los organizadores- y fue eminentemente pacífica.

Pero, hacia al final, grupos de jóvenes encapuchados atacaron varios ministerios a lo largo de la avenida que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego. 

De su lado, la policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud.

Hay reportes de varios lesionados y la policía confirmó que, al menos uno de ellos, presentaba heridas de bala.

"Me estoy yendo porque eso ya era una escena de guerra", dijo a la AFP Fabio Ferreira, un funcionario del Ministerio de Planificación, reportando destrozos en el edificio donde trabaja.

"Temer caerá"

Entretanto, en el Congreso se vivía también un ambiente de efervescencia. 

Una sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida temporalmente después de que legisladores de la izquierda tomaron el podio del orador.

"Temer caerá. Todo el mundo dice que es un gobierno muerto", dijo la senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann.

Los participantes en la marcha pedían elecciones "Directas ya" y también el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral.

Muchos apuestan a una salida institucional a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que del 6 al 8 de junio examinará una denuncia que podría llevar a la anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula Rousseff-Temer, por presunta financiación ilegal.

"Brasil se volvió imponderable (...) aquí todo el mundo está conspirando. Nadie más cree en la continuidad del gobierno", dijo Paulo Pereira da Silva, 'Paulinho da Força', líder de la central Força Sindical (FS), que fue aliado de Temer en los primeros meses de su gobierno.

La Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. 

Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional por parte de un Congreso desprestigiado, donde decenas de legisladores están investigados por su posible participación en una red de sobornos en Petrobras.

A un año del impeachment

Esta nueva crisis se produce apenas un año después de la destitución por el Congreso de Rousseff. Temer, su vicepresidente, la reemplazó, con la expectativa de completar el mandato hasta finales de 2018 y aplicar un programa de severos ajustes para sacar al país de la peor recesión de su historia.

Pero a la espera de los primeros signos de recuperación, la desocupación alcanza niveles récords y los escándalos de corrupción implican a sus principales ministros y gran parte de los aliados del impopular mandatario.

La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada, con la divulgación de una grabación donde el mandatario aparentemente da aval al pago de un soborno a un exdiputado encarcelado.

El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación y la Fiscalía General acusa a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.