Tras la marcha campesina de 2013, el Gobierno Nacional aprobó 107 subsidios para beneficiar a igual número de familias con 43 millones de pesos, dinero que debía ser destinado para la adquisición de un terreno donde desarrollar proyectos agrícolas.

Los 4.601 millones de pesos del total permanecen en un fondo y no han sido entregados a los beneficiarios, pese a que ellos reportaron los terrenos que querían comprar para que les dieran la viabilidad.

Lo curioso es que quienes fueron seleccionados para recibir la ayuda estatal, están muriendo y con ellos las esperanzas de sus familias de tener un negocio propio, como ocurrió con el campesino César Cárdenas, uno de los más activos cuando se requirió entregar la documentación. El hombre, según sus parientes, estaba cansado de esperar y murió de un infarto.

En la misma situación se encuentran algunos adultos mayores que superan los 80 años, presentan quebrantos de salud y quieren dejarles un sustento a sus parientes.

El coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural de Ocaña, José Luis Amaya Pérez, señaló que en reiteradas ocasiones se ha expuesto esa situación a la Agencia Nacional de Tierras para que defina la situación de las víctimas de la violencia.

La única respuesta que les han dado es que se hizo la caracterización social con la Corporación Colombia Internacional. La preocupación es que los terrenos suben de avalúo y luego ese será el pero para girar.

“Seguiremos gestionando y es un tema que se sale de la competencia del municipio. Lo ha venido manejando el Gobierno Nacional y como alcaldía servimos de mediadores”, argumentó Amaya.