Miguel Ángel Eugenio, presidente de la junta de acción comunal del barrio Gratamira, quedó atónito cuando recibió la noticia de el parque de su barrio, el cual pretendía remodelar, estaba embargado por la Universidad de Pamplona. 

Pidió un certificado de tradición y confirmó que la universidad lo embargó por jurisdicción coactiva.

Lo sorprendente es que en las mismas condiciones hay cinco parques más: en Ceiba 2, en el viejo Escobal y tres en Prados Norte: entre calles 16 y 18 Norte con Canal Bogotá; calles 18 y 20 Norte con Canal Bogotá; y en las calles 20 y 22 Norte con avenidas 7 y 5A.

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Los embargos son resultado de una deuda de la Alcaldía con la universidad, por 3.000 becas estudiantiles, según convenio de 2007 con duración de cinco años.

El valor del convenio fue de 990 millones, producto del pago de 330 mil pesos por cada estudiante. El problema surgió cuando la cifra de estudiantes disminuyó y la universidad siguió cobrando los mismos cupos;  la diferencia nunca se concilió.

Al terminar los convenios, las partes debían liquidar los contratos pero ni la Administración ni la Universidad lo hicieron y  surgió el cobro coactivo.

Según la universidad, la deuda llegó a 2.458 millones de pesos con intereses y comisiones, pero según William Ramírez, abogado de la Alcaldía, la deuda es de solo 950 millones de pesos.

Para cobrar, la universidad ejecutó a la Alcaldía y le embargó cuentas por 2.458 millones de pesos en los bancos Agrario, Bogotá y Davivienda, así como los cinco parques. 

El exalcalde Donamaris Ramírez, a quien la universidad dijo que notificaría del proceso durante su mandato, dijo desconocer la situación.

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Sin embargo, en un documento de la alcaldía se puede verificar que la universidad le notificó que el acuerdo de pago No. 2 del 17 de junio de 2009, no se cumplió en su totalidad sino de manera parcial. 

Es decir, la alcaldía sí canceló una parte de la deuda, pero la universidad no especificó el saldo. 

En su momento, debió generarse un título valor para que la universidad cobrara, pero este no se expidió, según explicó la alcaldía.

Por el incumplimiento en el pago, la universidad recurrió a la medida cautelar con el embargo de bienes, pero no tuvo en cuenta que son de uso público e inembargables.

Ante esto, la oficina jurídica de la Universidad dijo desconocer que entre los bienes embargados hubiese parques, y explicó que cuando solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos un listado de bienes opcionales para embargar, recibió 10 matrículas inmobiliarias.

Según se dijo, en la descripción de los bienes “no se observa que se trate de ningún parque o bien de uso público”, por lo que la selección para el embargo se hizo al azar.

“La universidad debió averiguar los nombres y qué tipo de inmuebles componían el listado”, dijo el abogado Ramírez.

A su vez, José Carvajal, director jurídico de la universidad, explicó que la Alcaldía debió impedir el embargo de bienes públicos, mientras Ramírez respondió que aunque la Alcaldía no permite esos cobros, el caso ocurrió porque el Municipio supo del embargo cuando ya era un hecho cumplido.

La Alcaldía y la universidad ya designaron sus abogados para auditar, revisar los convenios, y fijar un acuerdo de pago.

Según Ramírez, cuando la Alcaldía solicite el levantamiento del embargo, la universidad debe hacerlo, o el proceso pasará inclusive a la fiscalía. 

Lo que puede pasar

Telésforo Blanco, secretario de Hacienda de Cúcuta, dijo que la dependencia no tiene competencia en el caso y que espera información sobre el monto de la deuda. 

La universidad desembargó 525 millones de pesos hace una semana, cuando la alcaldía le informó que el dinero es del Sistema General de Participaciones, que es intocable.

Por su parte, la Contralora, Blanca Cruz dijo que “para el control, la universidad deberá demandar al municipio. Si el fallo sale a favor de la universidad se iniciaría una auditoría y una investigación por detrimento patrimonial, pero si se falla a favor de la administración no habrá investigación”.

Mientras tanto, los perjudicados son los ciudadanos de los barrios que no podrán hacer ningún mejoramiento en los parques hasta que se resuelva la situación.

Ányelli Narváez | Practicante de periodismo