El 17 de mayo será escuchada en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Alcaldesa de Ocaña se juega su última carta frente a revocatoria
En Ocaña todo está listo para que los habitantes de ese municipio vayan a las urnas el próximo 21 de mayo, a decidir si quieren que su alcaldesa, Miriam del Socorro Prado Carrascal, continúe o sea apartada del cargo.
Las campañas a favor del ‘sí’ y la abstención están al rojo vivo y las autoridades civiles, electorales, militares y de Policía, ultiman los detalles de la logística que implica la votación de la revocatoria.
Sin embargo, de manera paralela, la mandataria local, quien acaba de recobrar su libertad, se juega una de sus últimas cartas para evitar que su periodo de gobierno sea clausurado antes de tiempo.
En medio del revuelo que ha generado el alto número de solicitudes de revocatoria, Prado Carrascal, al igual que muchos otros mandatarios del país, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la intervención inmediata del proceso que está en marcha, toda vez que considera no se ha incumplido el programa de gobierno, con el cual fue elegida.
En respuesta a esta y las demás peticiones, el organismo electoral convocó para el próximo 17 de mayo una audiencia en la que los magistrados escucharán a todos los alcaldes y gobernadores que tienen en su contra procesos revocatorios, así como a los promotores de los mismos.
El objetivo, explicó el presidente del CNE, Alexander Vega, es ver si los alcaldes fueron informados en debida forma del inicio de estas revocatorias y si los comités pueden argumentar si hay un incumplimiento sobre el programa de gobierno.
“No se están cambiando las reglas del juego, al contrario, se están dando garantías a ambas partes. Lo que estamos haciendo es que se cumpla la ley sobre la exposición de motivos, porque hemos visto que la Registraduría en este momento está haciendo la revisión de la iniciativa y las causales, pero no la exposición de motivos”, explicó.
De lo que allí se concluya, dependerá la suerte del proceso revocatorio contra la alcaldesa Miriam Prado.
No obstante, los promotores del ‘Sí’ están convencidos de que la convocatoria a las urnas no tiene reversa, pues ya existe, incluso, el decreto expedido por el gobernador, lo que valida la consulta.
“Esta no es más que una cortina de humo que desde enero se está montando, cuando el CNE anunció la revisión de las revocatorias. Estamos confiados de que esto va a ir hasta el final. La posibilidad de que se suspenda es mínima”, aseguró Dinael Rodríguez, uno de los promotores del Sí.
El excandidato a la Asamblea dijo que la campaña para revocar de su cargo a Prado ya está en marcha y que este es hoy el tema del día entre los ocañeros.
Su principal contrincante en esta oportunidad será la abstención, que se está promoviendo desde dos comités, uno de ellos abanderado por el esposo de la alcaldesa, el exdiputado Juan Carlos Arévalo.
Y es que justamente la asistencia a las urnas es el principal reto de quienes no quieren que la mandataria siga dirigiendo las riendas de Ocaña, pues para validar el mecanismo necesitan que 18.418 personas (el 25% del censo electoral) acudan a las urnas y la mitad más uno de ellos vote por el ‘sí’.
La logística ya está
Y mientras la campaña avanza y la alcaldesa Miriam Prado se juega sus últimos recursos para detener la votación, los encargados de organizar la consulta ya tienen casi todo listo para que los ocañeros vayan a las urnas.
A la fecha ya se han celebrado tres comités de seguimiento electoral, en los que se ha garantizado el desarrollo del certamen democrático.
El viernes tuvo lugar la más reciente reunión para definir los preparativos del proceso revocatorio, en la que se dieron instrucciones para la selección de los jurados y se definió el número de puestos de votación que se habilitarán.
Allí se informó que 35 funcionarios de la Registraduría de Cúcuta y otro número significativo de Bogotá, con alta experiencia en el proceso electoral, reforzarán el desarrollo de la consulta, antes, durante y después del 21 de mayo.
Representantes de los diferentes comités pidieron a las autoridades blindar el proceso electoral y garantizar el libre ejercicio de este mecanismo.
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