Las últimas noticias sobre abuso infantil en el país vuelven a encender las alarmas sobre la manera en la que Colombia se ha convertido en un país que ha normalizado el maltrato hacia mujeres y niños. Han pasado menos de cinco meses del feminicidio de Yuliana Samboní y la solidaridad colectiva vuelve a despertarse, esta vez por Sara Salazar, cuya muerte puso al descubierto los terribles maltratos y el abuso sexual al que fue sometida en su corta existencia.

Con su caso, salen a relucir las aterradoras cifras que demuestran que este es un país indiferente ante el dolor de los pequeños; un país que está condenado al fracaso, pues a pesar de los atroces casos que se han conocidos, crear una política de infancia que permita fortalecer en valores y derechos a los niños que representan las futuras generaciones no es una de sus prioridades. 

A diario en Colombia se presentan 23 casos de abuso sexual contra menores según el ICBF. Sin embargo, según las cifras de Medicina Legal, los casos podrían ser más si se tiene en cuenta que solo entre enero y marzo de este año se han realizado 4.315 exámenes a menores de edad para establecer si han sido abusados.

Entre enero de 2014 y diciembre de 2016 un total de 30.503 niñas sufrieron abusos sexuales, lo que equivale a toda la población de Tibú.

Al bajísimo respeto por el género femenino, se suma la debilidad institucional, que en Colombia es un factor que ha contribuido a que estos casos no se prevengan, a pesar de existir señales de alerta, como sucedió en el caso de la pequeña Sara. 

En dos oportunidades, al menos un año antes de su muerte, fue atendida en el hospital por una supuesta caída, donde encontraron señales de anemia, desnutrición y maltrato. Los médicos emitieron las alertas a la Defensoría de Familia de Armero Guayabal (Tolima) y a la comisaría de familia para que hicieran seguimiento al caso, pero esto nunca sucedió.

En su caso, se sumaron todos los males. Por eso, tanto la familia de la menor como el Estado son responsables de su muerte y del sufrimiento al que fue sometida. El terrible trasfondo de toda esta historia es que en Colombia los pequeños no cuentan con ningún tipo de garantías, pues a pesar de que  el abuso se hizo evidente, nadie actuó para salvarla. La indiferencia permitió que su vida acabara a la corta edad de tres años y en las peores circunstancias. 

Casos como el de Sarita, el de Yuliana, o el de la bebé de 4 meses  violada por un soldado en el Meta, obligan a hacer un minucioso examen a la familia como principal entidad protectora de los menores, y al entorno que estas están creando para que los pequeños crezcan y se desarrollen a plenitud. 

El hogar, que debería ser el espacio más seguro y feliz para los niños, se ha convertido en uno de los lugares donde mayor riesgo corren, pues en el 87% de los casos, el abuso contra los menores ocurre en el hogar y el 95% de los responsables de estos abusos son personas cercanas a los niños.

Cada violación, cada episodio de maltrato físico o sicológico es un fracaso para la familia y para toda una sociedad que no ha hecho lo necesario para proteger a sus niños. Es hora de endurecer las leyes y de pensar en mejores estrategias, pues aunque suene duro decirlo, de nada sirve solidarizarse cuando ya se ha apagado la vida, cuando ya se ha consumado el maltrato.