El estudio de la Universidad Nacional, nuestro principal centro de estudios, es claro y contundente: 80 por ciento de Mocoa, ciudad de 39 mil habitantes en el casco urbano, debe ser reubicada a más de 3 kilómetros de su trágico sitio actual.

No hay otra opción que la mantenga a salvo de situaciones como la que está enfrentando, pues casi toda la ciudad se alza sobre zonas muy vulnerables, donde ríos y quebradas de fuerte caudal ponen en grave riesgo a todos sus habitantes.

Trasladar a Mocoa —20 veces Gramalote, por lo menos— a lugar seguro es, desde el ángulo que se mire, una epopeya para la que Colombia ni está preparada ni puede asumirla en el corto plazo. No se ha podido con Gramalote en seis años…

Pero, el problema no es reubicar a la capital del Putumayo. Otro estudio de la Universidad Nacional alerta sobre riesgos inminentes en otros ¡385 municipios!, por razón de inundaciones y avalanchas similares a las que borraron de un golpe a parte de Mocoa.

Ese sí es problema, sin duda.

Pero, realmente, lo es más lo que hay detrás de esa realidad: la negligencia de gobiernos que llegan y pasan sin siquiera darse cuenta del país que les asignó la responsabilidad de administrarlo y de solucionarle sus problemas más graves.

Esta es una dolorosa —y ojalá aprovechable—, oportunidad, para pensar en la necesidad inaplazable de reconstruir el país en lo físico de sus ciudades, pero, en especial, en lo político, en lo social, e indiscutiblemente en lo moral y lo ético.

Todos los males de hoy se resumen en una sola palabra: corrupción. Porque robarse los recursos del Estado es solo una forma de corrupción, pero hay otras, que pasan por no cumplir con rigor las obligaciones de funcionario público, que también demuestran situaciones y actitudes corruptas. La negligencia, la desidia, el error reiterado, la falta de control de lo público, la inobservancia de las normas legales, la ignorancia, el desinterés por los gobernados, son formas de corrupción.

Y, en el caso de Mocoa, como en el resto del país, se dieron todas. Por eso, después de 314 muertos y decenas de heridos y desaparecidos, la Fiscalía llamó a declarar al alcalde, José Antonio Castro; a la gobernadora, Sorrel Aroca, y a sus antecesores, Jimmy Díaz y Élver Cerón, respectivamente.

Y deberán llamar a más funcionarios y exfuncionarios a que expliquen qué hicieron y qué no, por Mocoa.

El 5 de agosto de 2015, en sesión a la que el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Iván Márquez, fue invitado principal, pero no asistió, el representante a la Cámara por Putumayo Orlando Guerra, advirtió: “Mocoa tiene un problema gravísimo, puede haber una catástrofe un día de estos, una noche de estas…”

Y escribió cartas, Márquez incluido, pidiendo una inspección urgente para elaborar planes de emergencia. Pero no hubo respuesta. Por eso, la Fiscalía cree que hay una cadena de eventos que demostraría la omisión de autoridades que sabían del peligro que acechaba a la población.

Pero, cuando se compruebe, ¿qué harán Fiscalía y Justicia.