Las 12 familias gramaloteras que viven en el nuevo pueblo, así como quienes esperan trasladarse en breve, cuestionan por qué la Policía no llega al casco urbano en construcción.

La inquietud se exacerbó cuando se dio a conocer un contrato según el cual la estación de Policía no solo sigue funcionando en el barrio La Lomita, el único que quedó en pie tras la tragedia, sino que el beneficiario es Manuel Gustavo Celis Rincón, hermano del alcalde, Tarcisio Celis.

Según el documento que aparece en el Secop, firmado el 14 de noviembre de 2016 y con vigencia de 6 meses, Celis recibe seis millones 150 mil pesos por la totalidad de la ejecución, es decir, un millón  de pesos cada mes.

Pero mientras esto ocurre, los gramaloteros que ya ocuparon sus viviendas, o buscan arrendarlas para incrementar sus ingresos, se quedan sin recursos que podrían llegar por cuenta de las autoridades.

Liliana Yáñez, lideresa de Gramalote, dijo que resolver la situación es urgente.

“El arriendo de una casa en el nuevo pueblo está por el orden de 350 mil pesos”, dijo. “Si la Policía toma las casas que necesite para su funcionamiento, garantizará una ayuda y la seguridad, que es una de las peticiones urgentes”.

Ante la solicitud, el coronel George Quintero, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), aseveró que la propuesta ya fue hecha desde la entrega de las primeras viviendas, y que es de conocimiento, y responsabilidad, del alcalde.

“Se le solicitó al mandatario que ubique el sitio para poder establecer al personal en el nuevo casco urbano”, declaró el oficial.

“Aunque pedimos que se identificara la posibilidad de tomar en arriendo unas dos casas, el alcalde no ha resuelto y dependemos de su gestión”, dijo.

Actualmente, según datos del comité local de seguimiento, hay 81 casas entregadas, de las cuales 12 están habitadas y otras 11, arrendadas a los contratistas de la obra.

La polémica

Otra de las inquietudes que quedó luego de la queja por el contrato es por qué este fue firmado por el coronel Yecid Arango, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y no por el Denor, a quien le corresponde la jurisdicción.

Al respecto, el coronel Quintero explicó que desde 2016 se dispuso que los recursos de los departamentos de Policía serían manejados por las policías metropolitanas.

“Es decir, que el ordenador del gasto es el comandante de la Policía Metropolitana para este y otros casos, como la adquisición de vehículos, u otro tipo de compras”, agregó el comandante. “Actualmente, el Departamento de Policía no maneja recursos”. 

Además, en otro contrato de febrero de 2016, se señala que el contrato es necesario para la Policía, pues “con ocasión del ambiente hostil que existe en el departamento, no hay pluralidad de personas dispuestas a prestar el servicio de arrendamiento en Gramalote”.

Vale aclarar que no es la primera vez que Celis recibe un contrato para este fin, pues desde 2014 existe la relación contractual, pero era la Alcaldía la encargada del pago, y a partir de 2016, al no encontrar ningún conflicto, se siguió contratando con el arrendatario.