La verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las Farc y las Fuerzas Armadas se debe enfrentar en el marco legal nacional e internacional, pues de no hacerlo, dicen las Naciones Unidas, la paz en Colombia no será sostenible.

La alerta la lanzó el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, luego de examinar los avances en el proceso de implementación del acuerdo de paz.

Según señaló, el riesgo de no cumplir con los parámetros internacionales puede provocar que la Corte Constitucional tumbe apartes de leyes y reformas a la Constitución que son necesarias para avanzar en el proceso.

La primera preocupación es cómo quedó en el Congreso el marco legal en materia de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o la policía, al incumplir estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando, y dar vía así a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cuestione lo aprobado.

La segunda alerta se da por la aprobación de una Ley de Amnistía que, para la ONU, es muy amplia, porque no se otorga solo a procesados o condenados por rebelión y delitos políticos, sino que agrega la posibilidad de dar libertades a quienes estén presos hace más de cinco años, guerrilleros o militares, por cualquier delito, así sean graves violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, Howland estima que los condenados deben tener otra ley y que se necesita otra más para quienes quieran postularse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que deje claro cuál es el procedimiento, las condiciones y los compromisos por cumplir.

Para el representante, esa Ley de sometimiento a la JEP debería establecer los controles efectivos de las autoridades a esas personas que quedarán en libertad.

Es decir, tener el inicio efectivo de cada uno de sus procesos en dicha justicia especial. 

Por el lado de la Fuerza Pública, son unos 817 militares, según el Ministerio de Defensa; y casi 1.200 guerrilleros condenados. 

Para la ONU debió ser una entidad independiente e imparcial la que hiciera esa postulación y no las partes.

Otro elemento esencial es que ambas partes deben hacer explícito reconocimiento de los crímenes cometidos, sin ambigüedades de las afectaciones de los derechos de las víctimas, seguido de un trabajo conjunto para garantizar que estos casos no sucedan más.

Por esa razón, la ONU pidió tanto al Gobierno como a las Farc preservar archivos sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto, y a hacer una “depuración de funcionarios públicos” vinculados estos casos.