Se cumplieron ayer 24 años del asesinato del director de La Opinión, Eustorgio Colmenares Baptista, sin que hasta la fecha se haya podido establecer quienes fueron sus autores materiales y sin que recaiga condena alguna sobre los autores intelectuales, es decir, el ELN, grupo subversivo que mediante comunicado se adjudicó su autoría días después del crimen, ocurrido en 1993. 

El de Colmenares fue el segundo asesinato de un director de un medio de comunicación en Colombia, después de Guillermo Cano, director de El Espectador, pero uno de los primeros cometidos por la guerrilla, en los últimos 25 años del siglo pasado, la mayoría de crímenes contra la prensa fueron concebidos por el narcotráfico y posteriormente por los grupos paramilitares que controlaban algunos territorios del país.

La mayoría de los casos relacionados con asesinatos de periodistas en nuestro país permanecen en la impunidad o han prescrito. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde 1977 hasta la fecha han ocurrido 153 asesinatos de periodistas. La impunidad en estos casos alcanza el 90%. 

Afortunadamente, en los últimos 15 años, los asesinatos a periodistas han disminuido en frecuencia, aunque no faltan las amenazas y amedrentamientos a los mismos, según se registra en las estadísticas que de año en año presentan los organismos defensores de la Libertad de Prensa como la FLIP y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

A pesar de que en el 2013, el caso del fundador de este diario fue declarado crimen de lesa humanidad por parte de la Fiscalía –lo que implica que no prescribe–, hasta el momento no existe ningún avance en la investigación sobre su caso, así como tampoco un pronunciamiento del Comando Central o de algún vocero del ELN al respecto. 

Aunque han pasado más de dos décadas desde que las balas acallaron a quien fuera un líder regional y de opinión, combativo contra la corrupción, retirado de la política y dedicado a su otra pasión, el periodismo, su familia y la sociedad cucuteña misma merecen conocer los móviles del crimen.  

Justo ahora, cuando el gobierno se encuentra en un proceso de diálogo activo con esa guerrilla para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a su lucha armada y reintegrarse a la vida civil, se abre la puerta para que sus líderes, que con seguridad conocen las razones que los llevaron a cometer tan atroz crimen, reconstruyan lo sucedido y revelen los nombres de sus responsables, como parte del proceso de reparación que debe iniciarse con la familia de esta víctima, así como con  todas las demás de esa guerrilla, cuyos casos no han presentado avances ni sentencias. 

Más allá de una condena que implique años de prisión, el perdón de esa guerrilla frente a este caso –uno de los más recordados en el departamento– debe llegar, para permitir que por fin, su memoria descanse en paz y que su familia logre a su vez, conocer la verdad y empezar así un proceso de justicia y reparación que hoy, 24 años después, está inconcluso.