El hallazgo de los restos de 14 personas en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace cinco meses, reactivó este domingo el debate sobre la crisis penitenciaria del país petrolero entre denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

La cifra de muertos encontrados cuando se hacía una excavación en las instalaciones de la prisión ascendió a 14, informó este domingo la Fiscalía.

"Hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres" en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), situada en la ciudad de San Juan de Los Morros (estado Guárico, centro), señaló el Ministerio Público, precisando que el hallazgo ocurrió el jueves.

Las investigaciones relacionadas con el caso continuarán para determinar las "causas" de las muertes, aclaró.

El viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que se habían encontrado restos humanos que "corresponden a siete personas", horas después de haber dicho, en un primer balance, que pertenecían a tres víctimas.

El pasado 28 de octubre, el gobierno completó el desalojo de la PGV tras semanas de enfrentamientos entre internos por el control de la prisión y denuncias sobre fallecimientos por desnutrición y ausencia de medicinas.

Videos publicados en redes sociales por detenidos y sus familiares mostraban la falta de comida y tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis en el penal, que habrían dejado al menos diez muertos.
       
Fosa común
       
La ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a La Libertad denunció la existencia en la PGV de una fosa común con un número de cadáveres mucho mayor.

Carlos Nieto, coordinador de esa organización no gubernamental, reiteró este domingo que el número de muertos podría llegar a un centenar. 

"Nuestros reportes son verdaderamente confiables", declaró a la AFP en comunicación telefónica.

La Fiscalía, en tanto, admitió tener "denuncias por parte de familiares sobre desapariciones durante el proceso de desalojo", sin precisar cuántas.

Nieto estima que los cadáveres se acumularon en la fosa común en distintos incidentes ocurridos en la cárcel, que albergaba a unos 9.000 presos, durante los últimos años.

"Sean 14, 50 o 100, eran personas bajo la responsabilidad del Estado", indicó el activista.

La PGV está en remodelación como parte de un plan del gobierno para "pacificar" los penales y adecuarlos a estándares internacionales. De acuerdo con Varela, 96 penitenciarias han sido incorporadas al programa gubernamental desde julio de 2011, de las cuales seis han sido clausuradas.

Según Una Ventana a la Libertad, en Venezuela existían unos 88.000 presos al cierre del año pasado, de los cuales 33.000 estaban en calabozos policiales en condiciones de hacinamiento.

El viernes, un centenar de detenidos en los calabozos de la policía del estado Anzoátegui (este), en la ciudad de Barcelona, se declaró en huelga de hambre.
       
¿Banco o pizzería?       

Las ONG denuncian que, pese al plan gubernamental, las cárceles venezolanas son escuelas del crimen donde incluso los reclusos tienen piscinas, pizzerías y discotecas. 

De igual manera, reportan irregularidades en el cumplimiento de penas por parte los "pranes" (líderes de los reos).

El mes pasado, Wilmer Brizuela Vera, alias "Wilmito", quien cumplía condena por secuestro y homicidio, fue herido en un tiroteo en una playa de Margarita (norte).

El incidente generó un escándalo en la prensa, que rechazaba que Brizuela estuviese libre. Había recibido un beneficio procesal y, tras el suceso, volvió a ser recluido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua, centro-norte).

Hace casi dos semanas, uno de los principales bancos de Venezuela, Banesco, denunció que una agencia bancaria clandestina operaba usurpando su marca en el penal de Tocuyito (estado Carabobo, centro-norte).

Pero Varela aseguró que en realidad se trataba de una pizzería que los presos bautizaron con el nombre de la institución financiera, donde practican actividades culinarias en un programa de rehabilitación.

"Lo del banco es un chisme", dijo la funcionaria.

"Sí existía", sostiene Nieto, quien asegura que la existencia de bancos ilegales en los penales venezolanos es habitual y sirven para que los reclusos intercambien dinero con sus familiares y los "pranes" cobren comisiones de alrededor de 20%.