Desde que el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Vivienda Segura, el 13 de julio de 2016, que busca proteger al comprador de viviendas, mejorar la seguridad de las edificaciones, han pasado ocho meses y aún se desconoce el reglamento para su aplicación.

En ese sentido, la presidenta nacional de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, durante su visita a Cúcuta indicó que la normativa no está paralizada. Explicó que aún están avaluando varios mecanismos técnicos relacionados con su aplicación. 

La representante del gremio señaló que uno de los temas que se están evaluando es el resarcimiento al comprador, en caso de que una edificación colapse o presente fallas. 

“La ley en ese sentido plantea un portafolio de mecanismos como patrimonio, garantías bancarias y pólizas de seguro, y en este momento el Gobierno está reglamentando esos temas para dejar claro cuáles serían los mecanismos para resarcir al comprador”, dijo Forero. 

Otro de los temas en el cual se está evaluando es la asesoría externa, la norma  plantea que se debe establecer un mecanismo de control externo a la Curaduría Urbana para la aprobación de licenciamientos, y evaluación de obras.  

“La supervisión técnica existe y la  calidad de la ingeniería existe, pero con la Ley de Vivienda Segura se ajustaron algunos elementos, como la supervisión, ahora se hará de forma permanente, no itinerante, y ahora debe ser externa”, expresó Forero. 

“Queremos aclarar que, pese a que el reglamento aún no está listo, en Colombia se construye de manera segura, porque es un sector que está muy regulado, hay una ley 400 de sismo resistencia  de Colombia que es un ejemplo para la región”.

Por otro lado, la directora ejecutiva de Camacol Cúcuta y Nororiente, Margarita Contreras Díaz, informó que luego de que se reglamente la ley, tantos las universidades como los gremios tendrán que hacer una serie de capacitaciones para arquitectos,  ingenieros y estudiantes, para darla a conocer. 

La normativa sancionada por el presidente de la República plantea la protección a los compradores de vivienda; en ese sentido, la ley señala que es obligación de los constructores amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados por el colapso o amenaza de ruina.

Por otro lado, contempla que todas las edificaciones de vivienda con más de 2.000 metros de construcción deberán contar con revisores y supervisores independientes del constructor. 

Se eliminan todas las excepciones que autorizaban a los constructores a realizar la supervisión de sus propias obras.