En apenas una semana se cumplirán diez meses de la declaratoria de emergencia carcelaria y las medidas parecen seguir siendo insuficientes. No solo porque esa medida es exclusiva para la atención en salud, sino porque el hacinamiento se mantiene en el 52, 53 %, las quejas siguen, el defensor del Pueblo pide cerrar cárceles y se dictan fallos de tutela que protegen a algunos presos, mientras permanece la crisis humanitaria.

No se vislumbran respuestas a mediano plazo, ni soluciones estructurales. Hay 119.609 presos, apretujados en una infraestructura carcelaria con capacidad 78.418 cupos, en 316 centros. La sobrepoblación es de 41.191 personas, según estas cifras, confirmadas a Colprensa por el Inpec.

En manos de la Corte Constitucional quedaron las dos solicitudes que hizo la Defensoría del Pueblo a comienzos de este mes para que sean cerradas las prisiones de Riohacha (La Guajira), que tiene un hacinamiento del 452 %, y de Bellavista (Antioquia) en donde el sobrecupo es del 283 %.

En las peticiones, el defensor Carlos Negret argumentó que una medida de ese tipo, que inicialmente es administrativa y de la órbita del Inpec, la puede tomar la Corte en situaciones excepcionales, en las que se evidencia que los derechos de los presos corren peligros reales e inminentes que solo pueden resolverse con el cierre del penal.

En Bellavista, Negret pide un cierre parcial por hacinamiento, infraestructura obsoleta y falta de una política de resocialización. En específico, pide el cierre del Patio 2, ordenar remodelaciones y, de no tomarse medidas, cerrar la prisión de manera definitiva.

En Riohacha no hay dónde dormir, hay un lote de diez hectáreas para construir una nueva cárcel, pero no se avanza; no hay agua ni baños suficientes y no hay cómo atender urgencias ni mucho menos enfermedades graves.

La situación parece no cambiar. Colprensa conoció una decisión de la Corte Constitucional de días pasados, en la que se conmina a las directivas de la cárcel de La Dorada (Caldas) que eviten a toda costa que los reclusos se quedan con el mínimo de agua potable, que en ese clima debe ser de 25 litros por persona, con la obligación de darles a los presos herramientas para almacenar el líquido.

La decisión deja en claro que el agua no puede depender de que los presos puedan pagarla, la Corte ordenó a la Defensoría realizar una visita dentro de un mes, para verificar la situación, acompañada de la Secretaría de Salud de Manizales.

El ex ministro de Justicia Jorge Londoño aseguró a Colprensa, en sus últimos días al frente de esa cartera, que para la cárcel de Bellavista ya se ordenó la demolición del Patio 2 y que en Riohacha hay 63 personas condenadas y 490 sindicadas, cuya atención le corresponde a la gobernación y a la alcaldía, “lo que conlleva a que si solamente se recluyeran en el establecimiento a las personas que le corresponden al Gobierno Nacional, nos sobrarían cupos”.

Ante la posibilidad que los penales sean cerrados, Londoño descartó por completo la acción, asegurando que la propia Corte Constitucional ha advertido que las medidas tendientes a cerrar un establecimiento de reclusión conlleva a que se desconozca que el problema es estructural e incluye a todas las cárceles del país.

“En la práctica esto significa que si se adopta una medida de cerrar la cárcel, más que garantizar los derechos de las personas, lo que se hace es agravar la situación, porque los internos deben ser trasladados a otras, aumentando así el hacinamiento y reduciendo las posibilidades de que sean garantizadas unas condiciones de vida en reclusión respetuosas de la dignidad humana”, precisó.

Así, las medias para la solución de la crisis humanitaria estructural serían las ya conocidas: nuevos cupos, que los gobernadores y alcaldes asuman su obligación de atender a las personas sindicadas y dejar de enviar a tantas personas a las prisiones.

En el primer punto: nuevos cupos, el Ministerio tiene previsto entregar 4080 nuevos este año y el Gobierno viene trabajando en la creación de tres nuevos centros penitenciarios, uno de los cuales será en Riohacha.

Según Londoño, sí se ha atendiendo la demanda de cupos carcelarios, pues en “próximos meses” se entregarán obras de infraestructura carcelaria que permitirán generar 2684 nuevos cupos, en los establecimientos de Buga, Girón, Ipiales, Ibagué, Bellavista de Medellín y Manizales.

“En 2016 fueron entregados 524 y 600 más estarán disponibles en 2018, en las cárceles de Tierralta (Córdoba) y Guaduas (Cundinamarca). A la fecha, desde la creación de la Uspec (entidad encargada de construir la infraestructura), se han entregado 3992 nuevos cupos”, señaló.

En cuanto a dejar de enviar a tantas personas a prisión, el Gobierno espera que la nueva Ley 1826 de 2017 (de Procedimiento Penal Abreviado) logre un efecto de deshacinamiento en los penales, al reducir el tiempo en los casos menos complejos de investigación.

El ‘chicharrón’ que ahora deberá enfrentar Enrique Gil Botero como nuevo ministro de Justicia sigue siendo enorme, ya que en el país hay 93 mil audiencias represadas, hasta aquellas con las que la Fiscalía pide a los jueces que se ordene una captura.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que de esas audiencias, 16 mil son de imputación de cargos y otras 1205 tienen retrasos superiores en los juzgados de más de un año.

Denuncias

Ahora bien, mientras se desconoce cuándo se podrían ver los efectos de la también denominada Ley de Pequeñas Causas, las problemáticas siguen. De acuerdo con el segundo informe de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, enviado a la Corte Constitucional a finales de enero, en la cárcel de Cúcuta hay un hacinamiento del 50 %; en Palmira (Valle del Cauca), del 103 % en Anserma (Quindío), del 124 %; en Barrancabermeja (Santander), del 138 %; en Itagüí (Antioquia), del 209 %; y en Apartadó (Antioquia), del 248 %, como los casos más notorios.

El informe, elaborado por las reconocidas ONG Dejusticia, Colombia Diversa y Comité de Solidaridad de los Presos Políticos y por el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, destaca que entre 2013 y 2015 murieron 1255 internos e internas de causas naturales.

“No fue posible determinar cuáles de dichas muertes ‘naturales’ se derivaron de falta de asistencia médica oportuna, un error de diagnóstico, negligencia médica, o uso irracional de la fuerza”, dice el informe.

Las organizaciones le pidieron a la Corte que considere que la violación sexual en los establecimientos penitenciarios y carcelarios debe ser entendida como una forma de tortura, teniendo en cuanta que un alto porcentaje de estos hechos no se denuncia, por el miedo de la víctima a sufrir represalias, lesiones o muerte.

“El imaginario social y el de algunos miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia respecto de las violaciones sexuales sufridas por internos, es que en algunos casos son merecidas; por ejemplo, cuando se cometen contra internos o internas que están privados de la libertad por delitos de violación sexual, especialmente contra niños o niñas”, dice el documento entregado a la Corte.

Igualmente, cuestiona que ocurran castigos colectivos en las prisiones y casos de violencia física, sexual y sicológica en contra de personas de la comunidad LGTBI detenidas, así como que se usen de manera excesiva los sitios de aislamiento.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos informó que un grupo de, al menos, 120 reclusos en Acacías (Meta), a la espera de las amnistías, se han declarado en huelga de hambre indefinida.

Igualmente, el Comité denunció que el pasado 21 de febrero internos de La Tramacúa, de Valledupar, habrían sido objeto de malos tratos. “A los internos de las celdas 317 y 513 del Patio 8, nos mojaron la comida y las colchonetas y nos informaron que este accionar se debía a las repetidas denuncias que hacíamos por los tratos crueles e inhumanos que recibimos todos los días”, aseguró un preso al Comité.