Más de 6.200 millones de pesos en hallazgos fiscales y el impulso a la denuncia y la veeduría ciudadana son los resultados con los que la Contraloría general del departamento espera que este año se incremente el control fiscal.

Para ello, se prevé masificar las audiencias públicas de transparencia, a las que son convocados presidentes de junta, veedurías ciudadanas, personerías, alcaldes, gremios y quienes tienen la competencia de velar por la inversión apropiada de los recursos públicos.

Allí, se indaga sobre posibles irregularidades en los manejos de los dineros del Estado y se escuchan las inquietudes de la comunidad, como se hizo en Villa Caro y Silos.

Según Silvano Serrano, titular del ente de control, esta es una estrategia de empoderamiento ciudadano que será respaldada con nuevos mecanismos para que los alcaldes mejoren su gestión y ejecución presupuestal.

En 15 días se prevé hacer una reunión con los 40 mandatarios, con el fin de firmar un pacto de transparencia, en el que ellos deberán adquirir compromisos como:

* Publicar oportunamente la información contractual en el Secop, ya que este es uno de los principales hallazgos por los que se abren procesos disciplinarios.

* Efectuar rendiciones de cuentas trimestralmente.

* Actualizar sus manuales de contratación, debido a que hay casos en los que los manuales datan del año 1997.

* Tener veedurías al tanto de las obras de las alcaldías, las cuales deberán quedar estipuladas en los contratos, y sin su visto bueno, no serían recibidos los proyectos a satisfacción.

Con estas actividades, más la vigilancia de la comunidad se pretende combatir la corrupción y acercar la entidad a la la ciudadanía.

Propuestas adicionales

Sumado a lo anterior, Serrano tiene otras propuestas que bien podrían resultar polémicas.

La primera, modificar la forma como se elige a los contralores, y la segunda, establecer una veeduría regional para los grandes proyectos. 

“Necesitamos fortalecer las contralorías, y una forma es definiendo la elección”, dijo. “Ese tema se lo tienen que quitar a los diputados”.

Para el funcionario, la alternativa sería que la Asamblea escoja una universidad que se encargaría de hacer pruebas a los postulados y, con base en ellas, remitir los mejores puntajes al tribunal administrativo, que haría la elección.

De otro lado, informó que se hizo la sugerencia, a la comisión de moralización de constituir una veeduría regional para hacer seguimiento a grandes obras, como el acueducto metropolitano, por ejemplo.

A esta agrupación se integrarían, en un caso como el del acueducto, Camacol, la Cámara de comercio de Cúcuta, las Sociedades de arquitectos e ingenieros, representantes de las universidades, e incluso de los medios de comunicación.

Cercanía con el gobernador

Cuestionado sobre su relación estrecha con el gobernador William Villamizar, a quien apoyó durante su campaña, y la interferencia ética que surgiría al ejercer control sobre el mandatario, Serrano aseveró que no tiene nada qué ocultar.

“Tengo claro que de mi labor en la Contraloría depende mi proyecto de vida y profesional”, explicó. “Están absolutamente claros los parámetros y me da tranquilidad que tengo ojos que me vigilen”.

En este sentido resaltó la veeduría que existe sobre la Contraloría, tanto del orden civil, como de la Auditoría general de la República.

Agregó que de 98 entidades que vigila, la Gobernación es solo una de ellas, “y no debo dejar de hacer auditorías ni incumplir mis funciones constitucionales, como lo exige la ley”.