La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que realice un ranking de las EPS e IPS que peor servicio tienen y por tanto afectan con mayor frecuencia el derecho a la salud.

Aunque ya en el pasado había hecho esta orden, la Corte señaló que el Ministerio y la Superintendencia de Salud no han logrado elaborarlo.

Esto, porque el Gobierno se enfocó principalmente en la atención oportuna a los usuarios y dejó de evaluar otros aspectos relevantes como la negación de servicios contenidos en el POS.

Igualmente, no se tuvo en cuenta la suspensión de procedimientos o la imposición de barreras administrativas a los usuarios para acceder a los servicios de salud.

Para la Corte, estos indicadores hubieran permitido elaborar un panorama más claro sobre el desconocimiento del derecho al goce efectivo a la salud.

En cuanto a las IPS, la Corte encontró que actualmente no existe una clasificación que permita identificar las instituciones que brindan un adecuado servicio y las que no lo hacen, toda vez que solo existe un sistema de comparación entre instituciones prestadoras, lo cual resulta complejo para los usuarios.

En ese orden de ideas, se dispuso rehacer los rankings de EPS e IPS, los cuales deben ser de público conocimiento y de fácil acceso.

Además, en aras de garantizar la participación ciudadana, se ordenó al Gobierno adoptar medidas tendientes a que los usuarios puedan denunciar situaciones que vulneren su derecho a la salud.