Desde es miércoles el partido Alianza Verde se lanzó a la tarea de conseguir, antes de terminar julio próximo, cinco millones de firmas para que castigar duramente la corrupción de políticos y contratistas mediante la reforma de varias normas actuales, entre ellas el salario de los congresistas y la contratación pública.

La Consulta Popular Anticorrupción, según manifestó la senadora Claudia López, requiere que cinco millones de firmas deben ser recolectadas antes del 27 de julio de este año, para que la Registraduría las verifique y confirme, y aproximadamente en un año -en febrero de 2018- los colombianos sean convocados a las urnas para votar por los siete mandatos de la consulta.

Esos puntos de la consulta indican que se reduzca de 40 a 25 salarios mínimos el salario de los congresistas; que haya cárcel común para corruptos, sin ningún tipo de privilegios y con la posibilidad de cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado.

Se plantea que todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.

También que los congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política, a la vez que establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.

Por último, se propone limitar a máximo tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas, Cámara de Representantes y Senado.

Según la senadora López, "con esta 'Firmatón por la Consulta Popular Anticorrupción' pasamos de la indignación a la acción para que desde y con la ciudadanía derrotemos y castiguemos a la clase política y sus contratistas corruptos y recuperemos la plata que le están robando a los colombianos".

Otro de los promotores de la iniciativa, el senador Antonio Navarro, sostuvo que “aspiramos a que desde todos los rincones de Colombia se les exija al Congreso y al Gobierno los siete mandatos anticorrupción para que la clase política y sus contratistas no sigan robando impunemente a los colombianos”.