La percepción de seguridad en Cúcuta, sin lugar a equivocarnos, está en bajísimos niveles. Nadie se explica cómo un pistolero se moviliza campantemente como parrillero en una motocicleta, además, sin casco, por una de las principales avenidas de la ciudad, para cometer un crimen. ¿Por qué la Policía no paró esa moto, en alguna parte del recorrido por violar la norma que prohíbe llevar  pasajero hombre?  

La gente que camina por estas calles cucuteñas ruega al santo de su devoción para que el celular no le vaya a sonar y así quedar expuesta a la acción de los asaltantes, que en algunos casos han matado o herido a sus víctimas por despojarlas de un teléfono.

El desprecio por la vida en la ciudad ha llegado  a tal nivel de degradación, que a los asesinos no les importa perpetrar los crímenes delante de niños pequeños, a quienes en dos casos conocidos han dejado heridos.

Y como si fuera poco, ahora ya ni estar en casa es garantía, porque hasta allá llegan los delincuentes a cometer sus robos. Ir al banco, a la tienda, al supermercado, es un motivo de crispación de los nervios porque ahora hay que andar alertas para no ser presa del hampa.

La oleada insegura, que barre la ciudad, también se abatió sobre algunos almacenes de cadena, sacó a relucir un insumo que junto con otros índices y situaciones deben ser tenidos en cuenta por la Alcaldía de Cúcuta y las autoridades policivas y judiciales. De acuerdo con la Policía Metropolitana, mientras estuvo cerrada la frontera con Venezuela se registró una disminución del 33% en el delito de hurto.

Y a ese debate que se tiene que dar en torno a la percepción de inseguridad hay que preguntarse para qué sirven las cámaras fijadas a postes y fachadas para vigilar calles y parques de la ciudad. Parece que fueran de adorno porque se generan grandes dudas de si sirven o no para la identificación y judicialización de los responsables.

En la preparación de las acciones contra esa cultura de la violencia, también debe evaluarse la situación económica y social de la ciudad, con un desempleo del 15,4% el año pasado, una pobreza monetaria del 32,9% y niveles de pobreza extrema del 6,9%, según cifras del Dane, correspondientes a 2015.

Entonces, lo que se impone es la definición de política pública contra la inseguridad con una mezcla de ingredientes para librar la batalla desde los frentes económico, social, educativo, policial, judicial, de inmigración, de erradicación de la cultura de lo ilegal, de apoyo ciudadano y de respeto a las normas y de aplicación de la ley a todos por igual.

Si hay que pedir un plan de choque contra el desempleo, eso se debe hacer sin tardanza. Si hay que estructurar acciones para eliminar la pobreza extrema, no se puede dudar en aplicarlas. Si la ciudad requiere más pie de fuerza policial, hay que exigirlo. Si hay que apretarle más las clavijas al narcotráfico y el contrabando, no hay que pensarlo dos veces.

Pero, lo que se debe tener presente es que esa política integral anti-inseguridad debe aplicarse como un todo para lograr los resultados esperados y así volver a Cúcuta una ciudad viable desde el punto de vista de seguridad, bienestar social y de cultura de la legalidad.